Paula Ruiz
Con el fin de proteger a la industria nacional, el Gobierno aplicará un aumento en el arancel que paga el azúcar importado, según la resolución emitida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio DM-058-2020-MEIC.
La medida, de carácter temporal, contiene un calendario de desgravación que se extenderá por los tres años siguientes a la vigencia de la salvaguarda.
El uso de este mecanismo se da en respuesta a una petición de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) de febrero de 2019. El estudio inició formalmente en junio del año pasado, según notificó el país al Comité de Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La petición de los empresarios nacionales se fundamentó en “un menoscabo general significativo en su situación económica y financiera” como resultado de la presencia de mayores importaciones, según el documento de la resolución.
En dicho análisis, Victoria Hernández, ministra de Economía, resuelve:
“Autorizar a la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda de Costa Rica la imposición de una medida de salvaguardia definitiva de un 34,27% adicional sobre el nivel del arancel existente de 45% del DAI para un total de 79,27% sobre del valor CIF, de todas las importaciones de azúcar en estado sólido, granulado, conocido como azúcar blanco que es utilizado para el consumo doméstico e industrial, incluidos los azúcares tipo banco de plantación, especiales y refinos, sin importar el origen (principio NMF)”
La resolución emitida indica que la salvaguarda comenzará a regir al día siguiente hábil después de que venza el plazo de 30 días calendario para celebrar consultas a los gobiernos de Canadá, Brasil (desde donde se importa azúcar al país) y cualquier otro miembro de la OMC que vea sus intereses afectados.
El arancel se irá rebajando esa cantidad por cada año siguiente de aplicación, según se indica en la resolución. Al cabo de tres años se retornará al nivel actual.
Alivio para el sector
El sector cañero-azucarero reunido en Laica recibió la noticia con beneplácito, al aducir que con esta medida se protege a los productores nacionales quienes ya se habían visto afectados por el ingreso de producto, que incluso provocó que 2.638 productores abandonaran la actividad.
“En momentos como el que estamos viviendo, con tanta gente perdiendo su empleo, esta noticia nos da alivio”, dijo Heiner Bonilla, presidente de la Federación de Cámaras de Productores de Caña (Fedecaña).
Por su parte, Edgar Herrera, director ejecutivo y de comercialización de Laica, garantizó que los precios del azúcar no aumentarán para el consumidor e incluso señaló que hay producción suficiente a nivel local para suplir las necesidades de la población.
“Lo que hace es apoyar para que el sector cañero-azucarero costarricense pueda seguir adelante, trabajando, produciendo y garantizando que el azúcar no falte en la mesa de los costarricenses, aún en medio de crisis mundiales como la que estamos viviendo por la pandemia”, afirmó Herrera.
Apoyo de diputados
Los diputados Erwen Masís y Paola Valladares celebraron la medida adoptada por el MEIC, pues aducen que en riesgo habían 60.000 empleos en 7.078 productores del sector cañero-azucarero.
“Un respiro recibe hoy el sector azucarero. El MEIC resolvió a favor, hace unos minutos, la salvaguarda solicitada, hace más de año. Por medio de la resolución DM-058-2020 MEIC, se acaba esta larga espera en la que conocimos de cerca la urgencia del sector. Agradezco la atención que prestó la señora Ministra a este llamado”, manifestó el socialcristiano Masís.
“Con esta medida el sector azucarero nacional tendrá la ventaja de garantizar un crecimiento de la producción nacional y proteger la industria nacional que se ha venido perjudicando ante el creciente aumento de las importaciones. Celebro dicha medida como parte de un compromiso del país dentro de la agenda complementaria de la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio suscrito por el país”, detalló la liberacionista Valladares.
La resolución puede recibir un recurso de revocatoria. Las autoridades dan un plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la última notificación para presentarla.
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