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Gobierno dará explicaciones el lunes sobre datos confidenciales que recopilan tres empleados de Casa Presidencial

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Tiempo de Lectura: 3 minutosEl Gobierno planea dar explicaciones el próximo lunes sobre la unidad de datos con acceso a información confidencial que le reportaba directamente al presidente Carlos Alvarado.

Nancy Marín, ministra de Comunicación, confirmó que este lunes alrededor de las 11 a.m. se haría una presentación del equipo de tres personas de la unidad de datos y las herramientas y el análisis que han desarrollado.

También se dará una explicación a la Defensora de los Habitantes y a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).

La unidad ha estado trabajando desde el inicio de la Administración de Alvarado pero recién se hizo pública esta semana por un decreto que de le daba acceso a información de carácter confidencial de las instituciones públicas. El decreto fue firmado por Alvarado en octubre pero recién se publicó en el diario oficial La Gaceta este 17 de febrero y le daba el nombre de Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Esto coincidió con la solicitud para levantar el secreto bancario de los contribuyentes del ministro de Hacienda Rodrigo Chaves este 10 de febrero, generando fuertes críticas por las iniciativas del gobierno para acceder a la información privada del público.

Tras su corta vigencia y «en vista de los cuestionamientos y críticas», Casa Presidencial debió frenar la idea y derogar el decreto. Sin embargo, aun no queda claro el acceso a datos confidenciales a que he tenido el equipo.

En entrevista con la ministra Marín, El Observador pudo constatar que el coordinador de la unidad de datos es Diego Fernández, bachiller en estadística con maestría de ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica quien empezó a asesorar a Casa Presidencial desde mayo 2018. Antes de eso trabajó para una empresa privada y para el Proyecto Informe de Estado de la Nación, según su perfil de la red Linked In.

Otro de los asesores de la unidad de datos es Alejandro Madrigal, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) durante el período 2013-2014. Madrigal fue electo por parte del partido universitario Progre y en fotos que circulan por redes sociales se le asocia a la militancia del partido Frente Amplio.

Madrigal escribió acerca de los esfuerzos de “datos abiertos” en una columna de opinión publicada en noviembre 2018 por el diario La República.

“Los datos no le pertenecen a la institución ni mucho menos al funcionario que los generó. Si el financiamiento es público, los datos son del país y deben estar al servicio de cualquiera que los necesite. Por ello la iniciativa de Datos Abiertos, dentro de Gobierno Abierto, es tan loable y urgente; porque viene a impulsar y estandarizar esa cultura. Es tan común encontrar resistencia y celos en el momento en que una institución requiere datos generados por otra para su labor”, consideró Madrigal.

Fernández también se ha presentado como analista político en diferentes programas de radio y televisivos incluso analizando los datos de la primera ronda de la elecciones presidenciales de Costa Rica.

El tercer integrante de la unidad es Andrés Villalobos, según Marín.

Polémico decreto

El decreto de la polémica daba amplios poderes a los funcionarios de Presidencia.

«Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos», indicaba el texto.

«También se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera», agregaba.

Victor Morales, ministro de la Presidencia, dio como ejemplo los datos de los beneficiarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que no son públicos pero que pueden orientar las políticas del gobierno. Sin embargo, coincidió en que la alusión a datos confidenciales en el decreto puede generar muchas diferentes interpretaciones.

“La inclusión en ese decreto de ese concepto de confidencialidad me parece que no estuvo bien, porque conduce a estas situaciones”, consideró el viernes en una entrevista con Noticias Monumental.

Las iniciativas para recolectar datos ciudadanos no son extrañas en otras latitudes, sin embargo funcionan con estrictos parámetros sobre el perfil de sus miembros, la confidencialidad y el uso que se dará a la recopilación de datos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el Congressional Budget Office (CBO), una institución al servicio del congreso que incluye en sus lineamientos ser “estrictamente no partidista” para realizar análisis objetivos e imparciales del impacto presupuestario de las iniciativas legislativas.


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