Paula Ruiz
Minutos después de que los alcaldes aseguraran frente a los diputados que la iniciativa de “Ley Marco de Empleo Público” viola su autonomía, ingresó Pilar Garrido, ministra de Planificación a defender que el proyecto de ley no es inconstitucional.
Las críticas al expediente 21.336 han sido recurrentes por parte de las municipalidades y universidades públicas, quienes reclaman que al ser incluidos en el plan de empleo público, les violan su autonomía así consignada en la Constitución Política.
Tanto los alcaldes, reunidos en la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la ministra Garrido, estuvieron en audiencia este martes en la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración, foro donde un grupo de diputados analiza la propuesta de ley.
Garrido defendió que la iniciativa no viola las autonomías constitucionales y tampoco es inconstitucional.
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Sus observaciones las justificó mediante votos de la Sala Constitucional. “La Sala dice que existe (la autonomía) pero no por en sí misma, sino por competencias técnicas que fueron asignadas por el constituyente”, señaló Garrido.
La congresista Zoila Rosa Volio, cuestionó a la ministra sobre cómo asegurar que el expediente legislativo pasará el filtro de los magistrados.
Garrido defendió que precisamente, ya existen resoluciones de ese órgano por aspectos relacionados con autonomía.
Ahorro por salario global
Así mismo, Garrido defendió que con la implementación del salario global habrá ahorros anuales por 243.000 millones de colones.
“Costa Rica necesita con urgencia la nueva ley de empleo público para ayudar a la sostenibilidad fiscal. Este proyecto podría generar ahorros ¢243.000 millones (0,7 % del PIB) al año”, dijo.
“El salario global es el instrumento para lograrlo y, al mismo tiempo, permitirá eliminar paulatinamente las inequidades salariales existentes hoy en día y cumplir con el mandato constitucional que establece la existencia de un solo régimen de empleo público”, agregó la jerarca de Gobierno.
El liberacionista Jorge Fonseca consultó sobre cuáles puntos no deben ser modificados en la iniciativa.
“El proyecto no afecta los derechos adquiridos ya que será aplicado solo a los nuevos funcionarios”, defendió la ministra de Planificación.
Con esta audiencia, la Comisión culminó con el proceso de audiencias, según recalcó Víctor Morales, presidente del foro.
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