Tomás Gómez
“El Ministerio de Seguridad Pública y el Gobierno han actuado de manera plenamente diligente en esta emergencia”.
Con esas palabras el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, rechazó la condena de la Sala Constitucional al Poder Ejecutivo por su lento actuar ante los bloqueos de las últimas semanas.
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Prieto alegó que se han hecho más de 100 intervenciones que han dejando un centenar de policías heridos.
Además, insistió en que el Gobierno insistirá en “la vía del diálogo” y respaldó al jerarca de Seguridad, Michael Soto.
Regaño de la Sala
Según resolvió la Sala la tarde de este martes, los bloqueos son una violación a los derechos de la ciudadanía.
Como tal el Estado debe combatirlos, por lo que condenó a los Ministerios de Presidencia y Seguridad.
A su criterio, ambas instituciones no cumplieron su función de velar por un derecho fundamental de los costarricense: el libre tránsito.
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“La Fuerza Pública se limitó buscar el diálogo, pero dejó en los manifestantes las decisiones con respecto al flujo vehicular, renunciando así a su autoridad y a salvaguardar los derechos de las personas afectadas por los bloqueos”, señaló el Tribunal.
“Las autoridades recurridas debieron tomar medidas tanto proporcionadas como efectivas para restablecer la circulación”, señala el pronunciamento.
Reproche a “Rescate Nacional”
Los altos jueces reprocharon, además, la gestión del autodenominado movimiento “Rescate Nacional”. A su criterio, un bloqueo no tiene que ver con la libertad de expresión.
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“La intención de quienes convocaron a estas manifestaciones estaba dirigida específicamente a paralizar o entorpecer infraestructura vital del país, como los puertos, las vías de ingreso y egreso terrestre y las carreteras.
“No puede considerarse que tal intención constituya una vertiente legítima de la libertad de expresión. Su finalidad última no es la expresión de una opinión o la transmisión de un mensaje, sino la generación de un daño significativo al orden público a efectos de obtener el resultado pretendido”, dijo Paul Rueda, magistrado instructor.
Según la resolución de la Sala, recurrir a medios fuera de la ley para incidir en decisiones del país “significa un menoscabo a la institucionalidad, los derechos de la ciudadanía, y el Estado Democrático de Derecho”.
