Paula Ruiz
El Gobierno dejó sin presupuestar ¢4.500 millones para el monitoreo electrónico de reos para el 2023.
Así detalló Gerald Campos, Ministro de Justicia, el miércoles en la Comisión de Asuntos Hacendarios donde estuvo en audiencia por el Presupuesto Ordinario para esta cartera.
Campos indicó que para el monitoreo de 2.000 privados de libertad hay una partida de ¢1.500 millones.
“Nos faltan ¢4.500 millones para operar todo el año (2023), tenemos 2.000 privados que si no siguen con el monitoreo electrónico, van a ingresar al sistema penitenciario, vamos aumentar de 14.800 (sentenciados) a 16.800. Cada privado le cuesta al país ¢800.000 por mes”, expresó Campos.
De esta manera, solo podrán operar durante los primeros tres meses, según dijo.
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Por otra parte, para la parte operativa el presupuesto decrece en ¢8.000 millones.
“Si no conseguimos (el dinero), se van a ver afectadas las cocinas del centro de Liberia y del Jorge Arturo Montero Castro, ahí se preparan todos los alimentos de policía penitenciaria y privados de libertad”, adelantó el titular de Justicia.
En contraparte, la partida para remuneraciones aumenta en 3,42% para el pago de tres anualidades acumuladas que estuvieron congeladas en 2021 y 2022.
Servicio ineficiente
Campos, confesó que con el recorte de ¢6.000 millones para el presupuesto de 2023 en comparación con el de 2022, no podrán hacerle frente al servicio ya ineficiente que ofrecen.
“No podemos mantener el ineficiente servicio que damos hoy”, afirmó.
Actualmente, hay 15.000 privados de libertad y 1.000 policías penitenciarios aunque, no se prevé un aumento de personal para esta última labor debido al financiamiento.
“No vamos a crecer en un solo policía ni equipamiento policial”, advirtió.
Otra afectación será en infraestructura que no les permitirá arreglar paredes, dormitorios y cocinas en centros penitenciarios. Esto, por cuanto los ¢2.400 millones presupuestados, deben ser utilizados para la nueva cárcel “Terrazas 2” por contratos ya establecidos.
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Pese a estas dificultades, el diputado José Pablo Sibaja, cuestionó la partida por ¢13 millones para el pago de licencias para la plataforma zoom.
Carolina Castro, viceministra de Gestión Estratégica, aseguró que se utilizará para que privados de libertad extranjeros puedan comunicarse con sus familias. Además, para teleconsulta en el área de médica.
“Todo el sistema de salud de privados de salud ha sido un reto, estamos en razón de que casi no hay personal médico que nos pueda atender, tenemos alta demanda de citas médicas que en mayoría de casos no se logra concretar y eso genera desbalance logístico”, declaró.
“Parte de estrategias es utilizar licencias de zoom, tenemos 22 centros penitenciarios, serían bastantes licencias para aplicar a esa estrategia en salud”, amplió Castro.
Dentro de las críticas dirigidas por Eli Feinzaig, diputado del Liberal Progresista y Jonathan Acuña del Frente Amplio estuvieron dirigidas a las prioridades del Gobierno en estos presupuestos.
Feinzaig señaló que debido a esa falta de prioridades del Poder Ejecutivo, ahora los ministros buscan trasladar esa responsabilidad de priorización hacia los diputados.
“Yo no le encuentro sentido a tener una procesión de jerarcas viniendo a quejarse del presupuesto que su propio Gobierno planteó”, fustigó.
Campos reconoció que solo tuvo una reunión previa con autoridades de Hacienda quienes le informaron sobre el recorte.
