Juan Pablo Arias
El Poder Ejecutivo presentó este miércoles ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la autorización de endeudamiento el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.750 millones.
Dicho crédito se enmarca en la facilidad del Servicio Ampliado del Fondo (SAF, o EFF por sus siglas en inglés). La presentación del documento al Congreso se da después de que el 25 de enero se alcanzara un acuerdo a nivel técnico con el FMI, y que el 1 de marzo el organismo aprobara el acuerdo.
El préstamo tiene un plazo de 10 años, con cuatro años de gracia y una tasa de interés de 2,05%.
Por tratarse de deuda externa, el proyecto requiere de aprobación legislativa por mayoría calificada, es decir, al menos 38 votos favorables.
La aprobación legislativa daría lugar al primer desembolso de recursos, por unos $292 millones. EL resto se irá desembolsando contra evaluaciones semestrales en las que el FMI verificará el cumplimiento por parte del país de las metas convenidas.
Urgencia de aprobarlo
El Gobierno ha manifestado su urgencia en que se apruebe este empréstito. La pandemia de covid-19 provocó que la economía costarricense se contrajera en un 4,5 % durante el 2020, la contracción más fuerte desde el año 1982, y que la tasa de desempleo se duplicara en un lapso de apenas cuatro meses.
Las finanzas públicas también fueron fuertemente afectadas: al cierre del 2020, el déficit financiero del Gobierno Central cerró en 8,2% y se registró una caída en los ingresos totales de ¢586.924 millones (equivalente 1,7% del PIB), lo cual representó un decrecimiento de -10,9 % respecto al 2019.
Según el Ejecutivo, de. no tomarse este crédito, en el 2024 la deuda pública sería superior al 80% del PIB, lo que calificó como “un nivel insostenible para un país como Costa Rica·.
“Ante una deuda de esta magnitud, se generaría una fuerte incertidumbre sobre la capacidad del Estado de hacer frente al pago de sus obligaciones, lo cual se reflejaría en mayores tasas de interés para todos los costarricenses, menos emprendimientos, más desempleo, una contracción económica aún mayor, y también una mayor desigualdad y un incremento de la pobreza”, indicó el Gobierno en un comunicado conjunto de los Ministerios de Hacienda y Panificación, así como el Banco Central.
Además, de mantenerse una trayectoria creciente del déficit fiscal, el Gobierno tendría cada vez menos espacio para atender sus obligaciones. Esto se reflejaría -señala el Gobierno- una menor calidad de los servicios públicos de salud, educación y seguridad, y se comprometería también el desarrollo y mantenimiento de infraestructura pública, vital para el funcionamiento de la economía.
