Paula Ruiz
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de que los diputados no discutieran más un proyecto de ley que aceleraría el plan de Ciudad Gobierno. Se trata de la construcción de una sede para cerca de 11 ministerios con el fin de reducir los alquileres del Estado.
De acuerdo con Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, la decisión se dio porque el referéndum contiene la misma propuesta que incluía la ley.
“Sobre la desconvocatoria del proyecto de ley de Ciudad Gobierno, recordemos que la semana anterior presentamos la solicitud de convocatoria a referéndum de la Ley Jaguar, que incluye el contenido de esta iniciativa”, respondió la ministra ante la solicitud de El Observador.
La iniciativa retirada es el expediente 24.099, que busca reformar los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Pública. Este plan estaba siendo analizado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y se tenía planeado realizar una mesa de trabajo entre diputados y el Poder Ejecutivo, según dijo Díaz con anterioridad.
Por su parte, en la Ley Jaguar que busca el referéndum se habla solo del artículo 67.
“ARTÍCULO 67- Compra y arrendamiento de bienes inmuebles. La Administración podrá comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, sin emplear procedimientos ordinarios”.
“La modificación que se plantea busca dar claridad total al uso de la figura de arrendamiento operativo y así evitar interpretaciones fuera del contexto de la ley hoy vigente como la hecha por la Contraloría General de la República que frenaron el avance del proyecto Ciudad Gobierno”, señala el texto.
“La Administración podrá adquirir o arrendar inmuebles tanto por construir, en proceso de construcción o construidos sobre terrenos públicos, de acuerdo con el interés público y que, en estas compras o arrendamientos, la Administración podrá incluir servicios de diseño, construcción y obra que se requieran para la mejor consecución del bienestar general”, añade.
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Natalia Díaz, ministra de la Presidencia dijo que se retiró el expediente de ley porque es el mismo contenido en la propuesta de referéndum. (Foto archivo)
Debilitar la Contraloría
El Poder Ejecutivo presentó el expediente 24.099 luego de que el ente contralor emitió advertencias por el plan de Ciudad Gobierno.
La negativa del ente contralor se dio por el modelo de arrendamiento propuesto. Se pretendía construir en un terreno propiedad del Estado y sin un concurso de licitación abierta, ya que la obra estaría a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El 5 de octubre del año anterior, el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría resolvió rechazar el recurso de revocatoria, estableciendo una advertencia sobre el modelo de arrendamiento y dejando así el recurso sin lugar, con base en una interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.
En la resolución del recurso de apelación, el despacho de la contralora Marta Acosta interpretó lo siguiente:
- Que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
Acosta dijo en marzo, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que este expediente busca debilitar los controles de fiscalización por parte de la CGR porque se abriría portillo para la contratación y diseño de obras sin concurso.
“Contratar obra pública sin concursos riñe con el sistema de contratación pública que acogió nuestro país mediante la LGCP (Ley General de Compras Públicas) y que elimina muchas de las excepciones previas precisamente para cerrar portillos”, expuso en ese momento.
Danny Vargas, legislador del Partido Liberación Nacional, quien preside ese órgano legislativo, consideró que el expediente analizado buscaba eliminar potestades de control y fiscalización de la CGR, aunque con el referéndum se plantea un debilitamiento integral para el ente contralor.
“Venía (el 24.099) cierta medida, a diluir controles y fiscalización en procesos de contratación, resulta lógico que lo retiren puesto que la nueva propuesta vía referéndum, viene a ser una reforma integral a los controles de la Contraloría”, expuso.
“Es evidente la intención del Ejecutivo en querer debilitar el órgano contralor en todo lo que tiene que ver con fiscalización de la hacienda pública”, amplió Vargas.
A su criterio, el Gobierno tiene herramientas para iniciar con Ciudad Gobierno, obra que cuenta con su respaldo en el entendido de dejar de alquilar para tener edificios propios.
“Entre tanto discurso y alharaca de debilitar controles, mejor enfocar el tiempo en la construcción de Ciudad Gobierno y no seguir perdiendo el tiempo con debilitamientos al órgano contralor”, concluyó.
