Tomás Gómez
La polémica por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) estaba adelantada desde julio del 2019, cuando el Ministerio de Planificación (Mideplan) rechazó las intenciones de crear la oficina.
El criterio no fue impedimento para que semanas después se firmara el decreto de creación, en el cual el Gobierno insistió en que el cambio fue autorizado por Mideplan.
Según la ley, le corresponde a ese Ministerio analizar, revisar y aprobar la creación, supresión o fusión de unidades en las instituciones públicas.
En ese marco, siete meses atrás el Ministerio de la Presidencia presentó formalmente la propuesta de reorganización administrativa para la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (Upadia), que sería analizada por Mideplan.
“En el análisis técnico realizado, se determinó que las funciones de la Upadia – entonces UPAD – presentaban una serie de inconsistencias que debían ser aclaradas por el Ministerio de la Presidencia, las cuales fueron comunicadas a dicho Ministerio. De esta manera, Mideplan recomendó no aprobar dicha propuesta”, confirmó la institución ante consulta de El Observador.
El Ministerio mencionó también que sus procedimientos se limitaron a la propuesta técnica, por lo que no se evaluó el decreto de creación de la UPAD, que habilitó al Poder Ejecutivo para acceder a la información confidencial sin límite.
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Criterio ignorado
Aunque desde el punto de vista técnico las intenciones de Casa Presidencial fueron ignoradas, el Poder Ejecutivo insistió en crear la Unidad y fue así como el 14 de octubre se firmó el decreto de creación.
El texto fue redactado entre el asesor presidencial de datos, Diego Fernández, y el abogado Luis Salazar.
En sus considerandos, se afirmó “que la propuesta remitida presentó todos los documentos solicitados en la normativa y los Lineamientos Generales para Reorganización Administrativa establecidos por Mideplan y este Ministerio aprobó la reorganización”.
El documento contó con la firma del mandatario Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y, precisamente el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
Sobre el proceder de Soto, Mideplan se limitó a decir que “todos los puestos de jerarcas de la Administración Pública están siempre a disposición de nuestro Presidente”.
Esta semana el ministro Morales descartó además que se sancione al resto de involucrados.
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Cuestionamientos siguen lloviendo
La creación de la UPAD entró a regir el lunes 17 de febrero y fue derogada a los cincos días en medio de reclamos políticos, técnicos y de la ciudadanía.
La derogación del decreto medida no frenó la polémica y desde entonces se han abierto investigaciones en la Defensoría de los Habitantes, la Fiscalía y el Congreso, donde también se verá un voto de censura contra el ministro Morales.
Mientras el presidente Alvarado permanece sin contestar las preguntas. La prensa ha dado a conocer más cuestionamientos por el personal, los recursos y el manejo de información.
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