Tomás Gómez
La Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público continúa su investigación sobre las cesiones hechas por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a sus sindicatos. En agosto pasado, la institución llegó a un acuerdo con los gremios, para finalizar una huelga de una semana.
Tal y como lo hizo la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, la jerarca de Planificación, Pilar Garrido, la emprendió contra los acuerdos. Señaló que las disposiciones pactadas contraviene los avances introducidos por la reforma fiscal y sus normativas.
“No cumple con los desarrollos posteriores”, sostuvo Garrido esta tarde ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
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Rectora ignorada
Aunque Garrido funge como rectora del área de Empleo Público, su opinión no fue tomada en cuenta durante las negociaciones de febrero y agosto.
El 12 de agosto, Román Macaya – acuerpado por la Presidencia y su ministro Víctor Morales – firmó un acuerdo con los sindicatos de la Caja. En el documento, las autoridades aceptaron que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no les aplique a los empleados de la misma forma, con respecto a pago de salarios.
Hoy la Ministra Grrido dijo que Macaya, exclusivamente la contactó para notificarle que el convenio no afectaría las finanzas públicas. La situación generó molestia en los legisladores.
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La presidenta de la Comisión, Yorleni León, mostró su indignación por el hecho de que tanto Garrido como Aguilar quedaran fuera de las negociaciones, pese a las críticas que ambas realizaron.
El republicano Otto Roberto Vargas consultó si el Ministerio de Planificación respaldó los acuerdos. Garrido lo negó tajantemente.
Tras una denuncia del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el 5 de setiembre, la Contraloría Genera de la República anuló el acuerdo de la Caja y los sindicatos, pues era ilegal.
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Diferencias internas
Ante las preguntas del diputado liberacionista Roberto Thompson, Garrido reconoció conflictos internos en el gabinete por la interpretación del plan fiscal. La jerarca mencionó que complicó los debates sobre los decretos y las normativas posteriores a la entrada en vigencia de la Ley.
“La implementación de la Ley no ha estado desprovista de complicaciones”, afirmó.
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