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Gobierno pagará ¢80 millones por campaña al Sinart tras fracaso en contratación de agencia publicitaria

Seis meses de polémicas por la contratación de una agencia de publicidad para levantar la imagen del Gobierno acabaron este…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 2 minutos
Gobierno pagará ¢80 millones por campaña al Sinart tras fracaso en contratación de agencia publicitaria
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Seis meses de polémicas por la contratación de una agencia de publicidad para levantar la imagen del Gobierno acabaron este lunes con la contratación directa a favor del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). 

El Poder Ejecutivo pagará ¢80 millones por una campaña de rendición de cuentas que se enfocará en las provincias costeras. 

La noticia fue confirmada por la ministra de Comunicación, Nancy Marín, quien adelantó que la pauta se pagará a medios regionales de Guanacaste, Limón y Puntarenas. 

“Sabemos que hay temas de gran relevancia para estas regiones que no son replicados por los medios de comunicación”, aseveró Marín. 

Según la Ministra de Comunicación, Nancy Marín, la campaña se centrará en la rendición de cuentas (Presidencia)

Largo y polémico proceso

En mayo anterior el Poder Ejecutivo sacó a concurso una licitación millonaria para la contratación de servicios de publicidad y colocación de pauta. 

El negocio arrancaba en ¢150 millones para este año, con posibilidades de ampliarse a  ¢175 millones para el 2020, ¢200 millones para el 2021 y ¢220 millones en el 2022

Al concurso se presentaron la empresa Bambú Capital, BB Consultores Artavia y el Consorcio Easy-Panorama y el Sinart. 

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La oferta mejor calificada fue la de Bambú -conocida comercialmente como Interaction-, pero con el paso de los días sus atestados recibieron una lluvia de cuestionamientos. 

El Observador dio a conocer cartas de certificación de antecedentes firmadas por el expresidente liberacionista José María Figueres y el jefe de campaña de Rodolfo Piza, Johnny Leiva, de las cuales los partidos tomaron distancia. 

Además la empresa Kantar Ibope desmintió tener contratos con la firma para el monitoreo, uno de los requisitos planteados. 

Finalmente el proceso fue anulado por la Contraloría General de la República en octubre tras un recurso de apelación planteado por el Sinart, quien había quedado en segundo lugar de la evaluación. 

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