Tomás Gómez
Aunque la Procuraduría ya fijó límites a las atribuciones de la Primera Dama. Le dijo que no puede dar órdenes ni coordinar, ahora el Gobierno insiste en redefinir su rol y para ello recurrió a la misma institución.
“¿La Primera Dama puede articular, facilitar, coordinar, promover o impulsar proyectos o actividades fundamentadas en políticas públicas, tales como el Tren Eléctrico, sin que esto implique una relación jerárquica o atribución de potestades de imperio?”.
Así reza parte de la consulta que firma el ministro de la presidencia, Marcelo Prieto.
El Ejecutivo argumentó que “el rol de la Primera Dama ha evolucionado más rápido que la normativa actual”. Por ello preguntó al abogado del Estado por las obligaciones, impedimentos o prohibiciones del cargo que ostenta Claudia Dobles.
Según el Gobierno, varios actores políticos intensificaron sus cuestionamientos al cargo y por eso busca el criterio legal.
Dobles, rechazó críticas alegando que en sus funciones respeta las rectorías establecidas e insistió que sus antecesoras también desarrollaron otros proyectos.
¿Hasta donde llega la Primera Dama?
Según la consulta enviada a la Procuraduría se intentarán dilucidar dudas como:
- Impedimentos legales para asignar funciones a la Primera Dama
- Alcance jurídico de sus decisiones
- Relación de jerarquía generada en su labor
- Viabilidad de asignar recursos y personal al despacho
Además de preguntar específicamente por las actividades que puede desarrollar Dobles en relación al tren.
El tren eléctrico es uno de los proyectos que ha ocupado la agenda de la actual administración, y que ha suscitado un alto debate público y legislativo.
En el Congreso se conoce un plan para financiamiento por $550 millones para este proyecto. Sin embargo, se deben sumar $1.000 millones que pondría la empresa concesionaria, así como un subsidio por parte del Estado que rondaría entre $50 millones y $150 millones anuales, durante 30 años
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Reglas ya estaban claras
Tras una consulta del diputado independiente, Erick Rodríguez, la Procuraduría ya había establecido que la Primera Dama no es funcionaria y que las tareas que le delegue el Presidente deben revisarse.
“Con independencia de la capacidad intelectual y los atestados profesionales que pudiera tener la Primera Dama, su posible involucramiento en la gestión pública no responde a un nombramiento a base de idoneidad comprobada”, se señaló.
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El mismo dictamen dejó claro que la Primera Dama tiene imposibilidad constitucional de girar órdenes a los jerarcas.
Además, se insistió en que si bien el Presidente puede delegar varias tareas a su esposa, la de “coordinar” es intransferible.
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El diputado Rodríguez consultó directamente por el tema del tren donde se planteó que su dirección era potestad directa de Presidencia o del Ministerio de Obras Públicas.
