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Gobierno planea presentar un nuevo texto para el proyecto de marihuana de uso recreativo

El Gobierno tiene planeado presentar un texto sustitutivo al proyecto de ley de marihuana recreativa luego de recoger las observaciones…

Por Paula Ruiz

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Gobierno planea presentar un nuevo texto para el proyecto de marihuana de uso recreativo
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El Gobierno tiene planeado presentar un texto sustitutivo al proyecto de ley de marihuana recreativa luego de recoger las observaciones de diferentes instituciones.

De acuerdo con Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, se va a trabajar el documento de manera coordinada entre varios entes; en específico: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

“Estamos coordinando las observaciones generales que se han hecho en la comisión y la idea es presentar un texto donde podamos muy pronto ya resolver este tema porque las audiencias son parte del proceso de una comisión”, afirmó.

Hasta el momento, una amplia mayoría de criterios opuestos a la iniciativa impulsada por el Gobierno y unos otros con opinión a favor.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Colegio de Médicos, el Colegio de Psiquiatras, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la Federación Alianza Evangélica y algunas municipalidades externaron su oposición y pidieron su archivo.

El objetivo que tiene el Gobierno es dejar ese tema cerrado este año.

Criterios a favor

Aunque una mayoría de criterios se exponen en contra del plan, también hay otros a favor, particularmente de otros gobiernos locales.

Una de ellas es la Municipalidad de Curridabat mediante el acuerdo dictado por el Concejo Municipal en el acta 134-2022 señala el beneficio de este plan.

“Debe dictaminarse positivamente pues establece legalizar la producción, industrialización, venta y consumo. Facilita al 17,7% de la población que consume marihuana y que según la última encuesta tiende a al alza, permite arrebatar dicho comercio a los traficantes y al narcotráfico, convirtiendo la actividad en una actividad productiva”, dice el documento enviado al foro legislativo.

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Otro argumento está relacionado con permitirle al Estado concentrarse en la salud pública y a la vez, destinar los recursos limitados a la prevención.

Hay otros criterios donde las entidades señalan que debido a que no hay impacto sobre la institución, no se oponen o bien, indican que no les corresponde emitir alguna observación.

Entre ellos, la respuesta del Consejo Nacional de Producción (CNP) donde se señala que a pesar de no tener observaciones de fondo ni de forma, “así como tampoco legales al precitado proyecto, nos encontramos a favor de este”, afirmó Adolfo Ramírez, presidente ejecutivo.

Lo mismo sucede con Japdeva, donde no mostraron oposición porque no afecta la autonomía de la institución.

Con respecto al Banco de Costa Rica (BCR), Douglas Soto, gerente general afirma que no emitirán un criterio puesto que no incide con las actividades del conglomerado financiero.

Otros puntos de vista

Otros criterios emitidos se resumen a continuación:

  • IAFA: Emitido por Oswaldo Aguirre, Director General. No recomiendan su aprobación. Exponen que contraviene los tratados de fiscalización de drogas y los compromisos contraídos por los Estados miembros de la Organización Mundial de Salud.
    “También tiene graves consecuencias para la salud, el bienestar, en particular de la juventud”, concluye.
  • Senara: Es firmado por Osvaldo Quirós, Gerente General. La entidad informó que no tiene observaciones sobre el proyecto de cita.
  • Municipalidad de Tibás: Inicialmente, se hace un análisis por parte de Ruth Esquivel, Coordinadora de Servicios Jurídicos. Allí exponen que el enfoque es acertado y se encuentra ajustado a derecho.
    “La norma contiene seguridad jurídica con relación a lo que regula, estableciendo expresamente y con detalle sus prohibiciones, es una realidad innegable que en Costa Rica muchas personas consumen cannabis por lo que se hace necesaria su regulación”. El concejo lo aprobó en sesión del 23 de noviembre.
  • Municipalidad de Santa Ana: Análisis inicial realizado por Sergio Jiménez, asesor del Concejo Municipal. Señala que se deja de lago al gobierno municipal con excepción de la autorización de establecimientos para la comercialización que deberán contar con su respectiva licencia municipal.
    “Considero que la participación municipal debería ampliarse de tal manera que se participe, en el registro de los establecimientos autorizados -control-, en las campañas que alrededor del tema se generen y en el uso problemático de las mismas, habida cuenta de la participación de las policías municipales y su rol preventivo”, destaca en su informe que fue acogido por el Concejo.
  • Corte Suprema de Justicia: El documento es firmado por Orlando Aguirre, presidente de la Corte. 
    Señalan que “el texto consultado no se refiere a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, supuestos que según regula el artículo 167 de la Constitución Política son los que requieren un pronunciamiento de la Corte”.
  • INFOOCOP: La entidad remite el análisis realizado por Mauricio Pozos, gerente de asesoría jurídica interino.
    “No se enmarca en la competencia conferida por esta norma y tampoco afecta la autonomía del INFOCOOP, esta asesoría jurídica no tiene observaciones o sugerencias de fondo, ni objeciones sobre el contenido de la referida propuesta, por lo que se recomienda abstenerse por constituir un asunto de política legislativa”.
  • Municipalidad de Grecia: Acuerda no apoyar el expediente pero, no da detalles.
  • Municipalidad de Corredores: rechazan el proyecto y no dan justificaciones.
  • Municipalidad de Naranjo: destaca que no tiene una afectación negativa al régimen municipal ni a la autonomía municipal.
  • Municipalidad de Guatuso: solo se informa que será apoyado después de una votación donde hubo tres regidoras a favor.
  • Junta de Protección Social: El documento es firmado por Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la Junta.
    Ella dice que no existe objeción dado que no impacta el accionar de la institución. No obstante, recomienda a la comisión el criterio técnico que remite el Departamento de desarrollo de talento humano y la sección médica donde sí objetan el plan particularmente porque se utiliza el término “recreativo” y con ello da una falsa creencia que es segura y que no crea adicción.
  • Municipalidad de Oreamuno: Es rechazado.
  • Municipalidad de Quepos: Están a favor dado que no encuentran posibles afectaciones a los intereses del gobierno local.
    “Siendo las comunidades costeras las de mayor turismo nacional y extranjero se presenta una posible solución en cuanto al trasiego, siembra, producción, elaboración, acopio, distribución, comercialización, expendio del cannabis y sus derivados y venta ilegal de cannabis”, puntualiza el informe.
  • Academia Nacional de Medicina: Se oponen y argumentan que el uso regular de esta droga puede provocar efectos a la salud en el largo plazo como problemas en el corazón, infertilidad, trastornos de ansiedad, tumores, psicosis, entre otros.
  • Municipalidad de Alajuela: Se opone.
  • Icoder: Piden incluir instalaciones deportivas y recreativas dentro de los lugares prohibidos para el consumo. Asimismo, solicitan recursos para el financiamiento de sus programas de recreación con dineros que vayan a recaudarse por las tarifas de impuesto de renta por la comercialización.
    Por último, consideran que se requiere de mayor investigación sobre el impacto que podría tener en áreas del individuo y la sociedad.
    “Debe considerarse más seriamente los efectos adversos a la salud que el cannabis provoca en el ser humano basado en la evidencia y, por último reconocer si nuestro sistema de vigilancia de la salud pública (ministerio de Salud) cuenta o no con todo el recurso humano y material para hacer frente a la gran responsabilidad que le está otorgando”, concluye Donald Fernández, Director Nacional de Icoder.
  • Municipalidad de los Chiles: Acordó no apoyar el plan “porque el país no se encuentra preparado para iniciar con este proyecto de siembra, el cual quedaría a la libre venta a mayores sin saber las reacciones para las personas que lo consuman”.
  • Universidad Técnica Nacional: En el documento firmado por el rector Emmanuel González indica que no se oponen, “no roza la autonomía universitaria y es acorde con los fines y principios de la universidad”.

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