Tomás Gómez
El Poder Ejecutivo intentará, una vez más, lograr el apoyo de los diputados para el proyecto de ley de empleo público.
La iniciativa es definida como un componente esencial de la reforma fiscal para reorganizar las finanzas públicas. Pero fracasó en su primer versión.
Ahora el Gobierno trata de construir un texto de consenso, que deberá estar en la corriente legislativa para la última semana de febrero.
“En principio creemos en la última semana de febrero, sino antes, podríamos tenerlo en la Comisión de Gobierno y Administración”, dijo el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, la mañana de este lunes.
Luego de que la misma comisión archivara el texto, Casa Presidencial insistió en que la discusión no se ha frenado, sino que se ha trabajado en una nueva versión para el proyecto.
“La dinámica es que lleguemos a la Asamblea con un texto trabajado, digerido con diferentes sectores y organizaciones”, declaró Morales.
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Intenciones que no cuajaron
En abril del 2019, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, presentó el formato con el cual se pretendía renovar la estructura de contratación de los empleados públicos.
Entre otros puntos, el borrador contemplaba:
- establecer un salario único para el sector público
- fijar un tope de un mes de vacaciones por año
- crear un sistema de evaluación y según las calificaciones se podrá despedir o fijar algunos de los incentivos
- modificar el modelo de contratación de empleados públicos para hacerlo más abierto
Tras recibir en audiencia a representantes de la Contraloría General de la República y varios sindicatos, los legisladores optaron por desechar la propuesta gubernamental.
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