Tomás Gómez
“Necesitamos cumplir con la agenda del Fondo Monetario (Internacional, FMI) para considerar con seriedad una agenda que profundice más la activación; sin una, no hay la otra”.
Con esas palabras el presidente Carlos Alvarado dejó claro que, de momento, la reactivación económica no es la prioridad más urgente.
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“Sin agenda de sostenibilidad no hay agenda de reactivación que nos saque adelante”, sentenció.
El mensaje lo brindó durante la conferencia en la que el Ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier, presentó su renuncia.
Ley de Empleo Público, la máxima apuesta
Alvarado advirtió sobre los plazos perentorios dentro de los cuales la Asamblea Legislativa debe que aprobar el empréstito con el FMI, por $1.750 millones.
La prioridad en este momento, según dijo, es el debate sobre la Ley Marco de Empleo Público. Según su expectativa, el proyecto debería tener su primer debate en abril y de ahí mostró su resignación a que sea enviado a consulta en la Sala Constitucional.
“Si fuera lo único que se vota antes de mayo en un primer debate ya sería una gran cosa. Es algo que ha esperado décadas”, comentó.
Sobre el atraso en el debate de este proyecto, el Presidente manifestó estar satisfecho con que varios diputados estén hablando menos e incluso hayan retirado mociones.
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También pidió que la Ley de Empleo Público, componente esencial de la agenda FMI contemple:
- Inclusión de todas las instituciones salvo empresas en competencia
- Universalización del salario global
- Respeto a las autonomías constitucionales, sin que riñan con las finanzas públicas
OCDE y reactivación… para más adelante
Desde enero anterior y hasta agosto el Poder Ejecutivo el el encargado de definir la agenda de los diputados.
Alvarado enfatizó que la Ley Marco de Empleo Público es la prioridad pero que mientras la Sala Constitucional efectúa su análisis, se podría abrir espacio a otros temas.
En primer lugar estaría la incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La ley está pendiente el segundo debate.
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Luego, podría entrara discusión la ley para crear un Fondo de Avales, una demanda constantemente anhelada por los sectores productivos pero cuya versión impulsada por el Gobierno no está exenta de polémicas.
Aunque Casa Presidencial promete destinar un crédito del BCIE por $300 millones (unos ¢184.000 millones) para este fin, El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea determinó que el proyecto de ley no garantiza dicho destino.
