Juan Pablo Arias
Un abanico de impuestos es el compromiso del Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como garantía para obtener un empréstito por $1.750 millones, bajo la modalidad de Acuerdo de Servicio Ampliado (EFF, por su siglas en inglés).
Así lo confirmó Manuela Goretti, jefa de la misión del FMI, quien anunció el acuerdo con el Gobierno, al tiempo que recordó que falta la autorización por parte de la directiva del organismo internacional.
El préstamo estaría ratificado por el FMI a finales de marzo y se espera que la Asamblea Legislativa de Costa Rica lo apruebe antes del final del primer semestre de este año. La meta principal es un superávit primario para el cierre del 2023.
“La conciliación fiscal que ha presentado el Gobierno está constituida por una reducción del gasto e ingresos nuevos”, dijo Goretti. En el caso de la política monetaria del Banco Central, manifestó que es la adecuada y debe mantenerse.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, aclaró que en la propuesta se dejó por fuera modificaciones al IVA, la reducción a la exoneración de las pensiones complementarias y la privatización de empresas del Estado, entre otras opciones que se barajaron.
Según el FMI, el programa apoyará los planes de reforma fiscal con los que las autoridades pretenden generar gradualmente un superávit primario y situar la deuda pública en una trayectoria descendente. Se espera asimismo que el acuerdo catalice apoyo financiero adicional de entidades bilaterales y multilaterales.
Manuela Goretti, jefa de la misión del FMI, confirmó el acuerdo entre el Gobierno y el organismo internacional en una conferencia de prensa virtual. (Captura de pantalla)
Compromisos fiscales
El primero de los compromisos tributarios es un proyecto de ley que propone el establecimiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de forma tal que sea un tributo de carácter personal y directo.
También establece un tributo directo y globa que grava grava la renta de las personas jurídicas y de los entes colectivos sin personalidad jurídica.
Esta propuesta en particular establece un mínimo no imponible de ¢8.200.000 (alrededor de $13.000). Según el Gobierno, este límite es mayor al aplicado en otros países de la región Latinoamericana, con lo cual mantendría exento del impuesto al 70% de los asalariados del país.
Utilidades de empresas públicas
Otro de las propuestas para convencer al FMI es que 14 empresas públicas hagan un aporte de hasta el 30% de sus utilidades como una medida temporal y extraordinaria para enfrentar la crisis generada por la pandemia y contribuir así con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Con este impuesto Se pretende recaudar anualmente un 0,20% del Producto Interno Bruto (PIB), durante cuatro años.
La medida se aplicaría a las siguientes empresas públicas:
- Banco de Costa Rica
- Banco Nacional de Costa Rica
- Instituto Nacional de Seguros
- Compañía Nacional de Fuerza y Luz
- Correos de Costa Rica
- Editorial Costa Rica
- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
- Instituto Costarricense de Electricidad
- Instituto Costarricense de Ferrocarriles
- Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
- Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica
- Junta de Protección Social
- Radiográfica Costarricense
- Refinadora Costarricense de Petróleo
El porcentaje específico que le corresponderá a la entidad será determinado vía decreto.
“Para determinar el monto efectivo que deberá pagar cada entidad, el Poder Ejecutivo podrá asignar porcentajes de aporte diferentes, en función de factores como: disposiciones de normativa prudencial, necesidades de capitalización y prioridades del plan nacional de desarrollo, entre otras. Siempre que el monto agregado de todos los aportes por año sea equivalente al 0,20% del PIB y que no supere el límite establecido del 30% a las utilidades disponibles”, explica el proyecto de ley.
También se le prohibió a las empresas públicas cambiar, modificar o de alguna forma variar sus estructuras de costos con la finalidad de trasladar la carga del aporte a los usuarios o consumidores finales.
“Casas de lujo”
El tercero de los impuestos es nuevo impuesto a las denominadas “casas de lujo” que sustituiría al tributo vigente.
Las casas con valor igual o superior a los ¢150 millones, sea de uso habitacional, ocasional o de recreo, pagarían un 0,5% anual de impuesto.
La propuesta fue presentada este viernes por el Gobierno y es una de las acciones para buscar un incremento en sus ingresos.
El proyecto de ley, cuyo expediente es el 22.382, derogaría y sustituiría el actual Impuesto Solidario para el Fortalecimiento del Programa de Vivienda, creado en noviembre de 2008.
La propuesta es más simple que la actual. Esta contempla una tasa escalonada, según el valor de la propiedad, a partir de los ¢133.000.000.
Otros de los compromisos asumidos es la digitalización de procesos y la disminución de tramitomanía.
En la conferencia, el ministro Villegas se negó a ampliar los detalles sobre la particularidad de cada impuesto.
