Tomás Gómez
La posición intransigente del Gobierno de dejar a la banca estatal fuera de la regulación sobre seguro de depósitos está ahora en negociación.
El proyecto forma parte de la agenda de incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El ente exige que todas las instituciones financieras estén incluidas en el fondo de garantía.
Según la ministra de Planificación, Pilar Garrido, el Poder Ejecutivo está en negociaciones con diputados y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) para revisar las tesis iniciales.
“Estamos puliendo el texto, analizando las propuestas y valorando las que más se acerquen a lo que solicita OCDE, a proteger a los ahorrantes y que sea balanceado para los diferentes actores bancarios”, mencionó la jerarca a El Observador.
Garrido indicó que en dos semanas se estaría presentando un nuevo borrador de la iniciativa a la Asamblea Legislativa.
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Guerra ideológica
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, funge también como Coordinadora del Equipo Económica, por lo que ha formado parte de las negociaciones con la OCDE. (Tomás Guerra/El Observador)
Durante una visita a la OCDE, en París, un grupo de diputados se enteró de que el país tenía atrasada la discusión sobre seguro de depósitos, un fondo al que aportan los bancos para respaldar los ahorros de los clientes en caso de quiebras o corridas financieras.
Según la Organización, el tiempo límite para que el Gobierno presentara el proyecto de ley era el 18 de octubre. Zapote se esperó hasta ese día en la tarde, para entregar el documento en el Congreso.
En la iniciativa, Casa Presidencial no incluyó a los bancos estatales, pues consideran que la garantía del Estado ya existente es suficiente para cumplir con el requisito.
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Dicha postura generó polémica incluso dentro del gabinete. El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, dijo que la medida no se apegaba a las exigencias de la OCDE. Y la Ministra de Comex, Dyalá Jiménez, achacó a un tema ideológico del PAC la decisión de excluir al Banco Nacional y al de Costa Rica.
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Ante los atrasos del Gobierno, los diputados de la comisión legislativa que tramita los proyectos de ley exigidos por OCDE, presentaron un texto alternativo que sí contempló los requisitos señalados por el ente internacional.
Según el cronograma, la versión definitiva de la norma deberá estar aprobada en febrero del próximo año, para no retrasar el objetivo de estar dentro de la OCDE para el segundo semestre del 2020.
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