Tomás Gómez
Esta mañana, el presidente Carlos Alvarado confirmó que analiza y estudia, el plan del fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC) y representante del gobierno ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Ottón Solís, para suavizar la regla fiscal contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Debido al alto nivel de endeudamiento del país, los topes al gasto público impuestos por la reforma fiscal aprobada el 4 de diciembre del 2018, están cerca de alcanzarse.
De acuerdo con la regla fiscal, según los porcentajes de endeudamiento, las erogaciones corrientes deben irse moderando. Cuando lleguen al 60%, las restricciones deben extenderse a los gastos de capital, lo que abarca a la infraestructura.
Ese porcentaje estaría por alcanzarse este año, de acuerdo con las cifras fiscales anunciadas la semana anterior por el Ministerio de Hacienda.
“Vamos a presentar un plan de acción para no llegar a esta situación, no tener el agua al cuello”, dijo Alvarado este miércoles durante una gira en Garabito, Puntarenas.
Según el mandatario, en las próximas semanas se presentarán nuevos proyectos para reorganizar instituciones y modificar el sistema de empleo público, para generar ahorro y no llegar al techo de deuda que impactarían las inversiones del país.
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Sin tocar el IVA
Como informó en exclusiva El Observador el pasado jueves 30 de enero, Ottón Solís planteó al presidente Alvarado y a los Ministerios de la Presidencia y Hacienda la posibilidad de una reforma al plan fiscal para levantar las restricciones de gasto.
Solís aseguro que los funcionarios le habían dicho que analizarían el planteamiento.
Fuentes de este medio aseguraron que emisarios del Gobierno sí les habían consultado el plan e incluso abarcaron la posibilidad de incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 16%.
Hoy el mandatario descartó ese aumento y dijo que no es siquiera una posibilidad en este momento.
“No se valora”, dijo tajante.
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Nuevas reglas, nuevas realidades
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto del Gobierno, que se basa en el crecimiento de la economía (Producto Interno Bruto, PIB).
De esta manera, el aumento del presupuesto nacional está “amarrado” al comportamiento de la producción y de la deuda del Gobierno. Se contempla en el Capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635.
Este componente de la reforma fiscal es especialmente importante para la formulación de los presupuestos de 2021 y 2022, dado el nivel de deuda respecto al PIB que estima el Banco Central para estos años, por encima del 60%.
A más deuda, más estricta
En su artículo 11 la Ley especifica: “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal”
La regla fiscal impone mayores restricciones cuando la deuda del Gobierno supera ciertos niveles. Por ejemplo, con un nivel de deuda baja, el gasto del Gobierno podría crecer 5,5%, el mismo ritmo de crecimiento que ha tenido el PIB en promedio durante los cuatro años anteriores.
En cambio, el tope al gasto corriente sería más estricto si el nivel de deuda llega al 30% del PIB. En este caso, tendría que restringir el crecimiento del gasto a 4,7%, o un 85% del ritmo de la actividad económica.
Cuando la deuda alcance un nivel del 45% del PIB, el tope al gasto corriente sería de 4,1%. Este sería el caso para el presupuesto del 2021, que se formularía durante el presente año.
Pero cuando el nivel de deuda alcance el 60%, la restricción se vuelve aún más severa. Primero, porque el presupuesto solo podrá crecer un 65% del ritmo del PIB, es decir un 3,6% con este ejemplo.
Además esta restricción ya no sería solo para el gasto en salarios y remuneraciones, sino que para el gasto total, con lo cual se limitaría también la inversión en infraestructura y otros gastos de capital.
