Paulo Villalobos
Para evitar ir a juicio, 8 de los 14 imputados por aparente administración fraudulenta de la extinta cooperativa Coopemex se ofrecieron a someterse a una conciliación o a una suspensión del proceso a prueba.
Estas son medidas alternas que implican un arreglo con la víctima. Sin embargo, ambas se diferencian en que la conciliación no requiere que el imputado acepte los hechos ni el consentimiento del Ministerio Público; mientras que la suspensión del proceso a prueba sí.
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Para el segundo de los escenarios, de hecho, es necesario cumplir con un plan de reparación del delito cometido.
En el caso en cuestión, las condiciones serían:
- Retornar el dinero del perjuicio que el órgano acusador del atribuye
- Cancelar los créditos pendientes con Coopemex
- Realizar trabajo comunal
- Hacer donaciones a entes de bien social
Todas esas disposiciones las enumeró el representante legal del fideicomiso de la cooperativa, Rodrigo Araya.
El abogado, sin embargo, dijo que no tenía a mano el detalle de los montos, pero adelantó que ronda el “1% o 2%” de los ¢15.000 millones de perjuicio.
Los beneficiarios
El jurista explicó que, aunque los 14 imputados mostraron anuencia el lunes a una medida altera, sólo existe disposición para acordar con 8.
Se trata de los encartados: Carpio, Carrillo, Clark, Coronado, Espinoza, Lara, Mata y Solano. De ellos sólo el primero busca la conciliación.
Cinco de esos imputados ya devolvieron los dineros y cancelaron sus créditos, de acuerdo con Araya.
Las restantes tres manifestaron su compromiso con hacerlo.
Consultado sobre por qué motivo no se aceptaron arreglos con los demás involucrados, el representante legal señaló: “Porque estamos hablando de las personas que tienen mayor responsabilidad”.
¿Qué sigue?
Los acuerdos entre las partes ahora deben ser conocidos y aprobados por el Tribunal Penal del I Circuito de San José. Eso sí, este último deberá formular una nueva integración, ya que las juezas originales no pueden participar de la lectura de la acusación que hará la fiscala Dixiela Madrigal; tal y como lo indicó el coordinador de la Defensa Pública en San José, Richard Rodríguez.
Dicho acto es requisito para la suspensión del proceso a prueba, pues es donde los encartados deben aceptar los cargos.
El órgano jurisdiccional sesionará este jueves en horas de la tarde. El lunes siguiente, el tribunal a cargo del caso (conformado por Laura Sánchez, Mercedes Jiménez, Krycia Zamora y Brisa Campbell) retomaría el juicio con su apertura formal (lectura de la acusación).
Allí se valorarían otras opciones como un procedimiento abreviado para los demás encartados: de apellido García, Jiménez, Ramírez, Sánchez, Sandoval y Villalobos.
Este trámite es uno de carácter especial en el que el imputado admite el hecho y no se realiza el debate, sino que se le sentencia e impone una pena, que puede ser reducida en previa negociación entre partes.
Paulo Villalobos
