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Hacienda advierte que proyecto de trazabilidad de licores no tiene contenido presupuestario

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Tiempo de Lectura: 3 minutosEl Ministerio de Hacienda advirtió que el proyecto de trazabilidad de licores no indica de donde saldrían los fondos para la compra de la herramienta tecnológica que lo permita.

Se trata de la iniciativa 20.961 “Ley Contra la Adulteración, Imitación y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico”.

Tampoco hay estudios suficientes que permitan aclarar si lo que tendría que invertirse en la puesta en ejecución del sistema es dinero que se recuperará con la reducción de comercio ilícito.

“La implementación de cualquier herramienta o mecanismo tecnológico debe darse posterior a un estudio de costo beneficio, cuyo resultado arroje un claro beneficio para la Administración y para los administrados”, dijo Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos.

OBSERVE MÁS: Ley contra la adulteración y contrabando de licores genera rechazo desde el sector empresarial

“Debería garantizarse dentro de la misma normativa la fuente de financiamiento, misma que debe ser perdurable en el tiempo y no de aplicación inmediata para efectos de gestionar la contratación respectiva”, agregó la jerarca.

Hernández señaló que la medida puede ser efectiva, sin embargo, se requiere de financiamiento para su implementación y fiscalización.

Alrededor del 20,5% del alcohol en Costa Rica es ilícito, según Hacienda con datos de The Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (Tracit).

Se estima que, la pérdida fiscal por alcohol ilícito en 2017 fue de $94.3 millones. El contrabando es responsable de más del 91% de las pérdidas de ingresos, detalló la ministra.

La propuesta establece la colocación de códigos QR, código de barras y etiquetados particulares a este tipo de bebidas. Se etiquetarán todos los licores, tanto los extranjeros como nacionales.

Carga para policías

Hacienda también advierte que no resulta viable otorgar competencias de carácter investigativo a cuerpos policiales.

Lo anterior porque no es compatible con su propia función ni de sus competencias.

“Realizar labores de investigación es una acción compleja y requiere especialidad en la materia, es un proceso que lleva varias etapas procesales de diligencias policiales y
debe hacerse con sumo detalle”, manifestó la viceministra.

“Por ello, dar esas potestades investigativas a la Policía e inspectores municipales, podría traer como consecuencias, la despenalización de las infracciones tributarias aduaneras y delitos”, resaltó.

La iniciativa autoriza a inspectores municipales a a realizar inspecciones en establecimientos comerciales sin necesidad de exámenes de laboratorio.

Si las bebidas en venta no contaran con los códigos, los comercios se exponen a cierres temporales o definitivos.

El diputado de Liberación Nacional impulsa la iniciativa. Foto: Asamblea Legislativa.

Listo para votación

El proyecto de ley se encuentra listo para su votación en primer debate aunque, tras las observaciones de Hacienda, estarían en disposición de efectuarle cambios, confirmó su proponente Daniel Ulate.

“Se tomarán en consideración todas las observaciones del Ministerio de Hacienda y se incorporarán al proyecto, para que ya pueda ser votado en primer debate”, manifestó el diputado liberacionista.

Ulate defendió que hay estudios -sin detallar cuáles- donde se indica que el 60% del licor que se consume en el país es ilegal.

La iniciativa es cuestionada por el sector empresarial a través de diversas cámaras.

“Lo que se propone no soluciona la evasión, contrabando, falsificación o adulteración de bebidas alcohólicas”, comentó José Pablo Brenes, director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Británica (Britcham).

Otra razón por la que los empresarios se oponen al proyecto es que generaría un gasto elevado para el Gobierno.

OBSERVE MÁS: Estampillado fiscal de licores no disminuirá el mercado ilegal, dicen empresarios


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