El Ministerio de Hacienda denunció ante la fiscalía un ‘megacaso’ de fraude fiscal, que habría provocado un daño al fisco por ¢11.000 millones.
Este caso involucra a una persona física ligada a un banco privado en Costa Rica, cuya identidad no trascendió.
Esa misma persona, explicaron las autoridades, tiene poder sobre un banco y un ‘holding’ en Panamá, adonde se habrían trasladado las ganancias producidas en el país para así evitar el pago de impuestos.
Así lo comunicaron el ministro de Hacienda, Nogui Acosta y el director general de Tributación, Mario Ramos, la mañana de este jueves 19 de enero.
“Lo tributariamente correcto era la aplicación del impuesto del 15% sobre los dividendos (renta a los dividendos que se generaron en ese periodo por la actividad bancaria)”, señaló Ramos.
Los supuestos hechos delictivos se habrían registrado entre los años 2008 y 2015.
El Ministerio de Hacienda señaló que recibió una denuncia anónima en setiembre del 2022 contra esta persona a través de la plataforma DENUNCIEYA.
Para el director de Tributación, la defraudación fiscal de ¢11.000 millones es una “cifra escandalosamente grande”.
Por su parte, el ministro Nogui Acosta señaló que “la cárcel es el lugar en el que deben estar los evasores.” Aunque sea en 20 años (refiriéndose al tiempo que tardan los procesos en el Ministerio Público).
Hacienda detecta otros casos
La mañana de este jueves se detallaron otros dos casos que también serán enviados al Ministerio Público, por presunto fraude fiscal.
El primero de ellos corresponde a una sociedad anónima dedicada a la venta de legumbres, que en su declaración de gastos y costos reportó ¢3.700 millones.
Sin embargo, no aportó ningún comprobante de dichos pagos y el Ministerio de Hacienda tampoco logró identificarlos.
Este caso detectado en el periodo fiscal del 2018 habría generado un daño al fisco por ¢1.136 millones.
El segundo caso corresponde a una sociedad anónima inscrita para la venta de vehículos que reportó en el 2022 ¢7.700 millones de renta bruta (la suma de todos sus ingresos).
Sin embargo, el 86% de esos recursos se generó a través de otra actividad económica: la venta de celulares.
Las autoridades explicaron que la sociedad no presentó respaldos de compras locales ni importaciones, y se habría generado un daño al fisco superior a los ¢3.203 millones.