Paula Ruiz
El Ministerio de Hacienda insiste en que el Poder Judicial tiene espacio suficiente para incorporar los ¢2.500 millones de la Unidad Anticorrupción y otros Tribunales especializados, como parte del presupuesto de este poder de la República.
De acuerdo con Rocío Aguilar, jerarca de la entidad, cuando el Poder Judicial completó su presupuesto, se acercaron a la entidad a externar su interés por incorporar otras inversiones, como esa Unidad Anticorrupción.
Por eso, se “pellizcaron” en Hacienda y recortaron partidas a otras instituciones, con tal de dárselas al Poder Judicial.
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“Cuando nos dimos cuenta que no se lograba llenar el vacío porque no se hacían ajustes, nos parecía que no era justo con las instituciones que les quitamos recursos y que sí se estaban ajustando a la Ley (de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas)”, reconoció este jueves en el Congreso.
“Tomamos la decisión de restarlos (los recursos) porque consideramos que tienen espacio -dada la importancia- para poder incorporarlo en presupuesto”, agregó.
Lo que dijo a magistrados
La pugna entre el Ministerio de Hacienda y los magistrados surgió el lunes anterior, cuando, se dio a conocer que éstos últimos tomaron la decisión de no aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en materia de remuneraciones.
La medida de los magistrados conllevó a Hacienda a recortarle los ¢2.500 millones.
En su defensa, los jueces supremos decidieron hacer pública una carta de Aguilar, donde confirma que, la Ley autoriza a aumentos salariales.
No obstante, la jerarca fue enfática en que el Poder Judicial puede aprobar aumentos salariales, no así, pluses.
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“La Ley no permite que los salarios estén compuestos por pluses, que no se nominalicen y que no haya nuevos (pluses), en ese sentido era mi nota”, defendió.
A raíz de la decisión de los magistrados, el diputado Pedro Muñoz los denunció penalmente. Esa razón conllevó a la institución a guardar silencio por lo que está sucediendo.
