Tomás Gómez
Un hombre de apellidos Castillo Martínez elevó hasta la Sala Constitucional, conocida como Sala IV, un reclamo contra los diputados que congelaron el debate del préstamo con el FMI luego de que el Gobierno tomara la polémica decisión de nombrar a Ottón Solís como embajador en la OCDE.
El recurso también reclamaba el intento de hacer una moción de censura contra los ministros que respaldaron a Solís.
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El hombre tachó la protesta política de “chantaje”. Según su recurso, el Poder Legislativo “se está extralimitando en sus atribuciones en virtud de que no tiene permitido jurídicamente utilizar ese condicionamiento”.
“Esta manera de actuar vulnera la necesaria independencia que tiene este último Poder de tomar las decisiones que le regula la Carta Magna, y trata de suplantar indirectamente atribuciones que no le son propias al Poder Legislativo, ya que al exigir la anulación del nombramiento de Ottón Solís está invadiendo la independencia que debe tener el Poder Ejecutivo en este tipo de acciones u otras que le son consubstanciales”, agregó en defensa del Gobierno.
Según su interpretación, los diputados estaban incurriendo en “incumplimiento de la ley” y “violentando la independencia del Poder Ejecutivo”.
“Al mantenerse en esta postura, están transgrediendo su juramento de observar y cumplir con la Carta Magna(…) A lo que está facultada la Asamblea Legislativa, en cuanto a esa clase empréstitos respecta, es hacer una u otra acción“, añadió.
De acuerdo con la sentencia, Castillo incluso pidió a los magistrados que anularan la decisión de los diputados de congelar el debate del préstamo con el FMI.
Todos los alegatos, sin embargo, fueron desestimados por los magistrados.
Sala IV no está para servir de “instrumento”
La resolución de los magistrados fue tajante y rechazaron de plano el reclamo.
Además, dejaron clara la improcedencia de reclamos de este tipo.
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“Este Tribunal Constitucional está llamado a enmendar groseras violaciones a derechos fundamentales, mas no a servir como un instrumento genérico para canalizar peticiones y disconformidades de otros tipos”, señalaron.
“En este caso, lo alegado por el recurrente no constituye una violación a un derecho fundamental. Este Tribunal Constitucional no funge como una segunda instancia respecto a las actuaciones o resoluciones de la autoridad recurrida y tampoco puede reemplazarla en el ejercicio de sus competencias”, sumaron.
Finalmente resaltaron que la Sala no tiene el poder de intervenir una moción legislativa.
El análisis completo aparece en la sentencia 17864-2021, redactada por la magistrada suplente Ileana Sánchez.
Una semana que paralizó la política
Pese a las críticas que por años lanzó contra la OCDE, el Gobierno designó el 6 de julio a Ottón Solís como embajador ante el organismo con sede en París.
Fue cuestión de horas para que la oposición cerrara filas y frenara el intento del Gobierno.
Una primera medida fue congelar el debate sobre el préstamo con el FMI, a lo cual Zapote no cedió. El presidente Carlos Alvarado, por el contrario, insistió en defenderlo.
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No fue hasta una semana después y con las críticas al alza que Solís desistió del viaje y el trámite prosiguió.
Los diputados también tramitaban una moción de censura contra el Gabinete. Esto por cuanto la relación con la OCDE la lleva el Ministerio de Comercio Exterior y este tenía un candidato distinto. Con la renuncia de Solís, este proyecto no siguió.
El Gobierno terminó por nombrar a Alexander Mora, exministro de Comex, en la OCDE. El jerarca corrió a pagar casi 30 millones recibidos en sobresueldos durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís (Cortesía Casa Presidencial)
