Juan Pablo Arias
Los empresarios agrupados en la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) se sumaron a la preocupación ya externada por la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), respecto de la posible eliminación de los incentivos turísticos a partir del póximo 1º de julio.
En esta fecha comenzará a regir el Impuesto al valor agregado (IVA), cuyas exoneraciones están explícitamente descritas en la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Nº 9635) y no incluyen a los incentivos, de acuerdo con una interpretación del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con un criterio de la Dirección General de Tributación (DGT), se derogan de manera tácita todas las exenciones contenidas en el Impuesto General sobre las Ventas, incluidas las otorgadas a las empresas turísticas.
La ley de incentivos al turismo establece la exoneración del impuesto del 13% Sobre las Ventas, a la inversión inicial para adquirir artículos indispensables y materiales para la construcción de las instalaciones de nuevos proyectos de hotelería.
Los empresarios del sector están consternados con la posición de la DGT, pues eliminaría, mediante interpretación, uno de los principales sostenes para la actividad turística.
“Nos preocupa la previsible disminución en la inversión en turismo, debido al encarecimiento en los costos totales de la construcción de nuevos proyectos que, basados en el incentivo fiscal de la exoneración del 13% del impuesto sobre las ventas, desde el año pasado han dispuesto instalarse en el país, y por supuesto, sobre el mensaje negativo que se envía en materia de competitividad mundial a los proyectos de inversión que se encuentran en estudio”, dijo Javier Pacheco, presidente de la CCH.
“De manera que vemos muy perjudicial la interpretación de las autoridades que plantean una derogatoria del único incentivo en materia turística que subsiste para desarrollos hoteleros”, agregó.
Por su parte, la presidenta de Canatur, Sary Valverde, manifestó que, “este razonamiento es contrario a la estrategia de reactivación económica, pues provocará un desvío de la inversión a otros destinos, lo que originará menos empleo, recorte importante de divisas provenientes del turismo y la disminución de los encadenamientos productivos”.
Previamente, Valverde dijo a este medio que interpretar la ley de esta manera desaceleraría las ventas y el crecimiento del sector, lo que podría llevar al cierre de negocios.
Luego de que El Observador diera a conocer que los incentivos turísticos estarían en peligro por la aplicación de la reforma fiscal, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) indicó que analizaría la situación para determinar la afectación que podría generarse en la actividad.
De acuerdo con cifras de Procomer y el Ministerio de Comercio Exterior, en Costa Rica, el principal servicio exportado sigue siendo el turismo, con un 44% del total facturado (para unos $4.000 millones anuales). Por año ingresan al país unos 3 millones de turistas, según cifras del Banco Central.
