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La histórica huelga que durante el tercer trimestre del 2018 privó de clases y comida a miles de estudiantes, retrasó la atención médica a centenares de pacientes y provocó cuantiosas pérdidas económicas, deja al país con heridas abiertas y debilitados o, al menos, desgastados a los principales contendores: Gobierno y sindicatos..
A finales del 2018, el segundo gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) liderado por el presidente Carlos Alvarado Quesada, superó los escollos para convertir en ley de la República un paquete de impuestos atascado desde hacía más de dos décadas.
La reforma tributaria aportará recursos para aliviar la asfixiante crisis, pero estos no solo son un pequeñísimo parche comparado con las necesidades fiscales-una tercera parte de lo requerido- sino que su tramitación pasa su propia factura.
Casi 100 días después de que se inició la huelga, el país sigue sin retornar a la normalidad, al menos aparente, vigente antes del 10 de setiembre cuando los principales sindicatos movilizaron a miles de empleados públicos para exigir al presidente Alvarado archivar el paquete fiscal.
Además, más de una veintena de solicitudes de declaratoria de ilegalidad de la huelga aún no han superado la segunda instancia en los juzgados y aunque los docentes volvieron a las aulas, los alumnos nunca recuperarán los 88 días de clases no recibidas.
Tampoco parece viable, por ahora, que el Estado pueda recuperar los miles de millones de salarios pagados a funcionarios que no trabajaron, debido a las normas establecidas en la recién estrenada Reforma Procesal Laboral, en su capítulo de huelgas.
¿Cómo llegó el país hasta aquí? ¿Cuáles fueron los errores y aciertos del gobierno en el manejo de este conflicto? Pasada la huelga y sin que los sindicatos lograran su objetivo de impedir la aprobación del plan fiscal, ¿En qué condición quedan estos gremios?
En busca de respuestas, El Observador conversó con analistas políticos, funcionarios de gobierno y dirigentes sindicales.
Las cartas de Alvarado
“Hubo un mal manejo previo” esboza el politólogo Gustavo Araya. En su criterio, una vez ganadas las elecciones, el Gobierno de Alvarado no se acercó a los sindicatos para comunicarles las nuevas condiciones y hacerles ver que la aprobación del plan fiscal pasaba de ser una pose electoral a una prioridad para su administración.
Ya durante la huelga, la designación de jerarcas jóvenes y poco conocidos, como el ministro de Trabajo, para liderar las negociaciones, añadió desconfianza y malestar entre los sindicatos lo cual hizo prácticamente inviable el diálogo.
Tampoco se echó mano a figuras como la ministra de la Condición de la Mujer y exdiputada de Frente Amplio, Patricia Mora, o el segundo vicepresidente, Marvin Rodríguez, afines al sector sindical y quienes hubieran sido mediadores “naturales”.
“El gobierno apostó más que a un acuerdo, al desgaste de los sindicatos. Si bien este era un objetivo táctico, eso prolongó la huelga a más de 80 días. ¿Qué dio resultado? Sí ¿Adecuado? No”, concluye Araya.
El también politólogo e investigador Francisco Barahona, es más contundente y asegura que el gobierno de Alvarado nunca tuvo interés de negociar con los sindicatos.
“No fue impericia, ignorancia, ni nada. Tenían su paquete de impuestos que iban a mandar a la Asamblea Legislativa y ellos mismos provocaron el pulso que se dio, seguros de que iban a ganar”, dijo.
De acuerdo con Barahona, como el gobierno se estaba inaugurando y había llegado al poder con el apoyo del 60% de los votantes, se sintió muy fuerte y optó por insistir en el plan fiscal y le dio la espalda a la solicitud formal de los sindicatos de establecer un diálogo multisectorial.
“Yo le doy la responsabilidad principal de haberse fomentado esta huelga de casi 82 días al gobierno y no creo que fuera por novatada. No, no, simplemente el gobierno hizo sus propias alianzas y esas alianzas presuponían un sesgo ideológico y un rechazo al diálogo sindical como una acción deliberada”, añadió el experto.
No obstante, desde el ejecutivo rechazan esta lectura. El viceministro de Trabajo y responsable de asuntos laborales, Juan Alfaro, sostiene que previo a la huelga, hubo manifestaciones de diálogo. “El gobierno abrió espacios hasta en cinco ocasiones para reunirse con los dirigentes sindicales para evitar la misma”, dijo y esa misma actitud de apertura al diálogo se mantuvo durante las negociaciones.
El historiador y politólogo, Vladimir de la Cruz también apunta un buen manejo del Ejecutivo.
“Carlos Alvarado no engañó a nadie. Carlos Alvarado desde la campaña electoral había hablado de la necesidad de aprobar ese proyecto de ley y había señalado la necesidad de darle prioridad”, puntualizó el historiador.
Otro punto favorable para el gobierno, concuerdan los analistas, es que sus alianzas no se limitaron a la parte política, sino que contó con respaldo de importantes medios de comunicación.
La cobertura sostenida que dieron algunos medios sobre el impacto de la huelga en los sistemas de salud, transporte, educación, turismo y otros servicios, contribuyeron a que se profundizara el descontento ciudadano contra los sindicatos y su consecuente deslegitimación.
Desgaste sindical
Los sindicatos son los grandes perdedores de toda esta ecuación fiscal, coinciden los consultados. Estas organizaciones reflejaron carencias de liderazgo y al exigir el retiro del plan fiscal como condición para deponer la huelga, prácticamente eliminaron la posibilidad de llegar a un acuerdo.
Adicionalmente, apostaron a prácticas de lucha que generaron el repudio ciudadano.
“Las protestas se convirtieron en actos terroristas, en cierta forma, entonces había gente que podía estar de acuerdo con el objetivo de la lucha, pero no podía estar de acuerdo con la forma como fue la interrupción de los medios de transporte y parálisis de áreas sensibles como los comedores escolares”, opinó De la Cruz.
El dirigente sindical Albino Vargas, reconoce estas situaciones negativas, pero apuesta a que esto pronto será olvidado por la gente que ahora está más enfocada en la lista de grandes contribuyentes revelada por el Ministerio de Hacienda y que, según ese ministerio, adeudan 560.000 millones de colones al fisco por concepto de impuesto sobre la renta.
“Nosotros apostamos a explotar el asunto de la lista de los grandes evasores en demasía para demostrar donde están las raíces perversas del déficit fiscal. Con esta lista y otras que faltan, vamos a potenciar una crítica social mayor a la recibida por los sindicalistas durante la huelga”, sentenció Vargas.
Con esta bandera de lucha los sindicatos apostarán este 2019 a frenar la aprobación del proyecto de ley de empleo público el cual modifica los incentivos salariales que perciben los servidores públicos.
En criterio del politólogo Francisco Barahona, la revelación de la lista de grandes contribuyentes efectivamente puede cambiar el escenario político, pues debilita al gobierno y a los partidos políticos que lo respaldaron en la aprobación del plan fiscal.
De esta forma, la tramitación del proyecto de ley de empleo público y la nueva reforma al código procesal, podrían enfrentar un camino más empinado de lo previsto.
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