Hermes Solano
El Instituto Costarricense de Electricidad salió al paso de las críticas y dudas que se generaron con el informe de auditoría externa “Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre del 2020 y del 2019” realizado por la firma KPMG.
El Observador le consultó a la institución sobre la opinión calificada del informe en el que señalaron algunos puntos que dejan dudas sobre el manejo financiero.
Ahí se detalló sobre el incumplimiento del pago de compromisos financieros, así como inconsistencias con las cuentas por pagar; la existencia y exactitud del inventario registrado y también dudas con el saldo en efectivo de la cuenta.
Todos esos detalles sumaron inconsistencias por ¢527.735 millones.
Esos señalamientos se unen a la reducción en la evaluación otorgada por la calificadora de riesgo Fitch, que en mayo determinó la calificación en B-. Para 2014, el ICE estaba en BB+.
Esto significa que el riesgo de inversión de las entidades financieras con el Instituto Costarricense de Electricidad es alto.
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Irene Cañas, Presidenta Ejecutiva del ICE
Las respuestas
A través de su gerencia de Finanzas, el ICE respondió las consultas, pero omitió algunas de las preguntas hechas.
¿Por qué se incumplió con las razones financieras que los bancos le habían establecido en los contratos de préstamos por ¢1.595.354 millones al 1 de enero de 2019?
Se aclara que el incumplimiento no corresponde a 2020. El tema se incluye en la opinión del auditor porque al declararse por primera vez la base contable 100% en NIIF, se exige incluir los dos períodos anteriores por asuntos de comparabilidad, según lo solicitan las mismas NIIF y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
“El incumplimiento al que se hace referencia en 2018 obedece a que el Instituto gestionó dispensas por el incumplimiento de algunos indicadores financieros establecidos en contratos de préstamo (covenants), las cuales se otorgaron.
“Sin embargo, pese a las gestiones de la administración, algunas de las dispensas se recibieron posterior al cierre del período o por un plazo menor a 12 meses”.
¿Por qué el Grupo ICE no reclasificó la deuda financiera de no corriente a corriente por el monto de ¢760.729 millones? ¿Hay problemas en el manejo administrativo?
Este tema se deriva del anterior. Al recibirse las dispensas por incumplimiento de covenants posterior al cierre de 2018, la norma exige reclasificar la deuda o se declara una salvedad para ese período.
“La administración del Instituto decidió no realizar dicha reclasificación de la deuda, por cuanto no fue considerado pertinente de acuerdo con el análisis costo-beneficio, dado que esto significaba aportar información a los usuarios que no correspondía con la realidad de las operaciones. Esto considerando que las entidades no tenían la intención de exigir un repago, sino por el contrario, otorgaron las dispensas.
Dice la auditoría que “los estados financieros consolidados incluían un saldo de cuentas por pagar por un monto de ¢68.893 millones, sobre los cuales, no pudimos efectuar procedimientos de auditoría”. ¿Qué sucedió con este tema? ¿No hay documentación de soporte sobre estos pasivos? ¿Quién falló?
Se aclara que el incumplimiento no corresponde a 2020. El tema se incluye en la opinión del auditor porque al declararse por primera vez la base contable 100% en NIIF, se exige incluir los dos períodos anteriores por asuntos de comparabilidad, según lo solicitan las mismas NIIF y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
“El ICE, consciente de la importancia de los hallazgos informados en la calificación de la opinión de los Estados Financieros de 2018, tomó las medidas pertinentes para que en 2019 se solventaran los aspectos relacionados con la integridad, la exactitud y la existencia de los pasivos relacionados con las cuentas por pagar”.
“Esto se relacionaba con la implementación y la estabilización de la herramienta informática ERP, en 2018, que permitió la ejecución de procesos y pruebas de auditoría para dicha partida de los Estados Financieros de 2019”.
“Por lo tanto, la situación presentada en 2018 igualmente se refleja en la opinión de 2020 por el efecto estrictamente comparativo, pero ha sido completamente superada para 2020 producto de los esfuerzos de la administración”.
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Crédito: Casa Presidencial
Inventario y saldo en efectivo
Tampoco la Auditoría Externa determinó la existencia y exactitud de un inventario registrado en estados financieros por ¢255.430 millones. ¿Dónde están esos bienes? ¿Hay malos manejos respecto a la utilización? ¿No hay un eficaz control interno? ¿Se investiga lo que pasó con los bienes no encontrados?
El ICE, consciente de la importancia de los hallazgos informados en la calificación de la opinión de los Estados Financieros de 2018, tomó las medidas pertinentes para que en 2019 se solventaran los aspectos medulares relacionados con la existencia, la exactitud y la valuación de los inventarios, que, en la mayoría de los aspectos, fueron consecuencia del proceso de implementación y estabilización del herramienta informática ERP en 2018, permitiendo así la ejecución de procesos y pruebas de auditoría para dicho rubro de los Estados Financieros de 2019.
“Dado lo anterior, la situación de los inventarios presentada en 2018, igualmente se refleja en la opinión de 2020 por el efecto comparativo requerido por las NIIF, pero para 2020 ha sido solventada producto de los esfuerzos de la Administración”.
¿Por qué no se pudo establecer la cuenta en efectivo por el saldo de ¢203.412 millones al 31 de diciembre del 2019? La conciliación con los bancos presentaba partidas conciliatorias pendientes de análisis. ¿Qué sucedió al respecto?
“La situación fue solventada en 2020, tal como lo señala la firma de auditoría en la redacción de la misma salvedad. Por lo tanto, los saldos de bancos (efectivo y equivalentes), presentados en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 son razonables conforme con las NIIF. Esto debido a que se atendieron las labores de depuración de las partidas pendientes por el proceso de implementación y la estabilización de las operaciones de la herramienta ERP en 2018”.
Sobre el registro de los arrendamientos, ¿Cuál es su efecto en la estructura financiera y de costos en la electricidad al pasar de operativo a financiero?
Este efecto se puede ver con más detalle en la nota 29 de los Estados Financieros Auditados. De manera resumida, a nivel de balance se registra como activo un derecho de uso, así como un pasivo por las obligaciones de los arrendamientos.
“A nivel de estado de situación financiera se deja de registrar la cuota de arrendamiento, y se registra un gasto de operación y mantenimiento, así como un gasto por depreciación”.
“No debe existir ningún impacto en la tarifa eléctrica por el hecho que se haya realizado una reclasificación contable, ya que dicha reclasificación no disminuye ni modifica los pagos que por esos conceptos (arrendamientos) el ICE debe realizar, por compromisos contractuales asumidos desde hace varios años, con generadores privados y fideicomisos”.
