Los jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) reconocen que hay ineficiencias en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Esto aleja a Costa Rica de sus metas de descarbonización e impacta de forma negativa en la economía de los hogares y las empresas.
También señalan que hay desarticulación en el mercado de la generación y distribución eléctrica.
Lo anterior perjudica a los consumidores, le da ventaja al ICE y ha llevado al cierre de 10 plantas privadas de generación eléctrica en los últimos meses, lo que ha llevado al despido de su personal.
Coinciden con estas críticas la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) y la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet).
Mientras tanto, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) considera que la discusión que el gobierno de Rodrigo Chaves está poniendo sobre la mesa respecto a este tema llega en un momento preciso.
Para solventar esta ineficiencia y desarticulación en el SEN, mientras que se trata de alcanzar las metas de descarbonización, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 23.414: Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
El cambio responde a la necesidad y al potencial
En un evento organizado por la CICR para analizar dicho proyecto de ley, el ministro del Minae, Franz Tattenbach, señaló algunos de los cambios que permitiría la nueva ley.
Por ejemplo, las empresas distribuidoras podrían comprar energía entre ellas o a los generadores privados, según sus planes privados de crecimiento y las necesidades de las empresas.
Los generadores privados también podrían vender su energía al Mercado Eléctrico Regional (MER) cuando el ICE no lo compre. Como actualmente solo el ICE les puede comprar, cuando no lo hace generan pérdidas que llevan a su muerte.
En los últimos meses han cerrado 10 plantas. En lo que resta del año cerrará otra más, para un total de 11.
Esto debido a que el ICE dejó de comprarles electricidad, inclusive después de que el mismo gobierno de Chaves firmó un decreto para comprarle electricidad a este sector.
“(El proyecto de ley) es una respuesta a la necesidad y potencial que tiene el país.
“Costa Rica tiene energía propia y renovable. Libre de emisiones, sin CO2 (dióxido de carbono), con un potencial que puede multiplicarse por dos o por tres, lo que producimos de energía.
“Y tenemos también un sector eléctrico nacional maduro, que dota de electricidad ya al 100% del territorio nacional. Pero con un mercado bastante desarticulado”, comentó Tattenbach.
“Hay una ineficiencia en el sistema”
El presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, explicó en el mismo foro que el ICE desde su fundación tuvo una misión social, que era electrificar el país.
Esto se logró casi en su totalidad pero no solo a través de esta institución, sino también gracias a otras empresas o cooperativas que, con el paso de los años llevaron la electricidad hasta ciudades donde el ICE no había llegado.
Pero con el paso de los años una condición no ha variado: el ICE es el único comprador de la energía que se produce en el país. Sus decisiones afectan al resto del mercado.
Además, es operador energético y, al mismo tiempo, coordina el Centro Nacional de Control de Energía (Cense), donde se decide si se compra o no a otro operador. Esto también cambiaría con el proyecto de ley, pues la rectoría del sector electricidad recaería sobre el Minae.
Acuña señala, además, una falta de cohesión entre las leyes que rigen la generación, distribución de energía en Costa Rica lo que podría no garantizar que el mayor beneficio vaya a los consumidores: desde los hogares hasta las empresas de alto consumo.
“Se ha visualizado una ineficiencia, creo yo, del propio sistema que es hora de que tomemos una decisión responsable para el futuro del país, de manera tal que se armonicen estos proyectos de ley y esa relación que hay”, añadió Acuña.
¿Prohibir celulares y el Internet? Es ilógico
El nuevo presidente del ICE también destacó que, como ha ocurrido con todas las tecnologías del mundo, hay novedades en la producción eléctrica y ante esto el país no debería cerrarse.
Por ejemplo, tecnologías que permiten el autoabastecimiento, ya sea en las casas o en la industria, paneles solares o generación distribuida.
El presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Sergio Capón, hizo la comparación del sector eléctrico con el sector de telecomunicaciones años atrás.
Dijo que se le tuvo que dar paso a nuevas tecnologías como el internet y los celulares, aunque esto significara un impacto para la telefonía fija.
“¿Cuál es el camino que habríamos seguido en este país? Prohibamos el Internet y los celulares con tal de que la telefonía fija se mantenga. Eso es totalmente ilógico”, comentó Capón en el evento organizado por la CICR.
Aunque considera que el proyecto de ley de armonización requiere revisiones y cambios, el expresidente del CEN, Salvador López, dijo a El Observador que definitivamente son necesarios contratos más flexibles con las generadoras privadas.
No solo se trata de un tema económico (pérdida de empleo durante los últimos meses, cierre de las empresas). López explica que el país sigue necesitando de generadores privados que doten de energía limpia al país, en épocas de sequía, como por ejemplo, el año 2023.
Un difícil año 2023
López explicó que durante los últimos dos años el país tuvo la suficiente cantidad de lluvia como para que las plantas hidroeléctricas produjeran energía limpia, que se distribuía al resto de la población.
Sin embargo, dice que el pronóstico climático no es tan favorable para el año 2023, cuando en algunos sectores (después de dos años de abundancia) se presentará el escenario contrario.
De hecho, puso como ejemplo tres días de noviembre del 2022, cuando un “verano inesperado” provocó que por algunas horas el costo marginal de la producción energética del país se elevara.
Cuando este número se eleva significa que el costo para producir la energía a esa hora del día resulta más costoso. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de fuentes renovables (agua o viento) el país debe comprar petróleo para encender sus plantas térmicas.
"Nuestro sistema es muy sensible a la condición del viento y a la cantidad de lluvia", explicó.
Las diez plantas privadas que ya se desconectaron y la que lo hará el 22 de diciembre porque el ICE no les compra (y les impide exportar) producen electricidad a partir del agua, lo que reduce todavía más la posibilidad del ICE de obtener energía limpia para el próximo año.
Esto también se traduce en una mayor probabilidad de que el instituto recurra a la producción térmica, lo que aumenta el costo marginal, que se traslada a los hogares y a las empresas.
El proyecto de ley 23.414 se encuentra bajo estudio en la Comisión Especial del Sector Energético Nacional y su Vinculación con el Mercado Eléctrico Regional, en la Asamblea Legislativa.