A poco más de 15 meses de las próximas elecciones presidenciales algunos temas empiezan a afinarse, entre ellos los del manejo de la deuda política.
El monto de la ayuda está por definirse pues los diputados tienen pendiente resolver si lo pasan de 0,19% a 0,10% del PIB, lo que lo bajaría en casi ¢31.000 millones. Así fue aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos, pero aún falta la discusión en el plenario.
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Independientemente de su tamaño, los recursos sí toparán con un nuevo sistema de impuestos y con regulaciones para su acumulación.
Así lo comunicó el Tribunal Supremo de Elecciones en decisiones tomadas en la última semana.
Bonos de elecciones con impuestos
El primer ajuste llegará en el financiamiento mediante bonos, a los que recurren los partidos para obtener recursos por adelantado y que los inversionistas adquieren bajo el riesgo de los resultados electorales.
Hasta la fecha, dichos pagos estaban exentos de impuestos pero se pidió una nueva interpretación de la Adminstración Tributaria a la luz del Plan Fiscal.
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“Lo que ha definido la Dirección General de Tributación es que no están exentos y, por eso, en adelante la Tesorería Nacional está obligada a retener el importe correspondiente sobre los rendimientos que pague o acredite a favor de los titulares de esos bonos que hayan sido emitidos con posterioridad al 1 de julio de 2019”, dijo el ente electoral.
La medida estaría impactando también las elecciones municipales que a partir de este año también recibieron deuda política.
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Límites de plazos a gastos
De manera complementaria, se estableció que los recursos de deuda política destinados a organización y capacitación de los partidos podrán guardarse por un máximo de 10 años.
La ayuda está contemplada en el Código Electoral pero no había plazos definidos lo que complicaba su inversión.
Pasado ese plazo, los recursos que no se invirtieron deberán regresar al erario público.
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