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Incertidumbre en instituciones por cambios en el sistema de compras públicas programados para diciembre

Será el jueves 1 de diciembre cuando se publique el reglamento a la nueva Ley de Contratación Pública. Este contiene…

Por Josué Alvarado

Tiempo de Lectura: 3 minutos
Incertidumbre en instituciones por cambios en el sistema de compras públicas programados para diciembre
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Será el jueves 1 de diciembre cuando se publique el reglamento a la nueva Ley de Contratación Pública. Este contiene los parámetros que debe seguir todo el Estado a la hora de comprar bienes o contratar servicios.

En esa fecha el Ministerio de Hacienda dará a conocer el reglamento definitivo que redactó y hasta ese día los distintos sectores involucrados conocerán lo que allí se establece.

Si bien desde julio hay una versión casi lista, la definitiva todavía no es pública.

Ese mismo jueves se desconectará el Sistema de Compras Públicas (Sicop) y el 9 de diciembre volverá a habilitarse para que las instituciones hagan las contrataciones necesarias. Sin embargo, distintos grupos alertan que como no conocen el reglamento, no saben cuál será el proceso y esto podría afectar su funcionamiento.

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Critican que en un tema tan sensible se haya dejado tan poco tiempo para las respectivas capacitaciones.

También advierten que el proceso de capacitación para los nuevos cambios no es inmediato, por lo que esto podría afectar los sistemas de provisiones de las entidades durante el inicio del mes de diciembre.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que el reglamento será publicado el mismo día que entra en vigencia la ley y negó que el ministerio haya atrasado su publicación.

“Incertidumbre, desorden e improvisación”

Una de las organizaciones que reaccionó por el poco margen de tiempo fue la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).

A través de un comunicado enviado a los medios de comunicación informaron que no están en contra de la nueva ley, pero les preocupa la inseguridad jurídica que se podría generar a inicios de diciembre con algunas compras.

“Nos preocupa la inseguridad jurídica en la que estamos por el desorden, la falta de comunicación y el incumplimiento de fechas en el marco de la entrada en vigencia de la ley.

“El más claro ejemplo es que el reglamento a la ley, que define procedimientos indispensables para la gestión de las contrataciones públicas no ha sido publicado a la fecha y esto podría desencadenar una serie de contratiempos que entorpecerían la prestación de los servicios municipales”, comentó el alcalde de Sarchí y directivo de la ANAI, Maikol Porras.

Un total de 41 artículos de la ley se refieren al reglamento redactado por Hacienda, pero del cual no se conocerán detalles hasta el día que entre en vigencia la legislación aprobada en la administración anterior.

“Eso es detener el país por una semana, limitar la inversión y comenzar con el pie izquierdo”, criticó el alcalde de Moravia, Roberto Zoch.

“El Ministerio de Hacienda está en capacidad y tiene el mayor interés de reunirse con todas las municipalidades y generar procesos de capacitación”, respondió el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante los cuestionamientos de los medios de comunicación.

“Poco margen de acción” 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) también mostró su descontento.

“(El reglamento por publicar) es la base para actualizar los reglamentos internos de los 82 entes descentralizados. En este momento existe muy poco margen de acción para que las municipalidades tengan establecidos los lineamientos para las contrataciones y poder cumplir con el fin último”, comentó la directora ejecutiva de dicha unión, Karen Porras.

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) también había alertado sobre los posibles efectos negativos de que el reglamento se haya publicado justo en la entrada de vigencia de la ley, lo que impide conocer a detalle su contenido y la forma en la que ahora se deben realizar las compras públicas.

La Contraloría General de la República (CGR), abogados y analistas coinciden al señalar los inconvenientes que provocaría la postergación de la entrada en vigencia de dicha ley, tal y como ya se pretendió en la Asamblea Legislativa.