Manuel Sancho
Hace más de 40 años, Costa Rica decidió promover la industria de pesca de atún con subsidios a embarcaciones internacionales y a los procesadores locales. La llamada Ley Ferreto (por el diputado Arnoldo Ferreto) y la de Pesca y Acuicultura permitían renovar la licencia a los barcos atuneros con red de cerco de forma gratuita, si descargaban la captura en suelo nacional a empresas enlatadoras.
El decreto 42181 de febrero de este año repara parte de la situación, pero el Gobierno promueve el proyecto de ley 21.316 para refinar todo el proceso y cerrar la puerta al regalo de licencias de pesca de atún. Sin embargo la Cámara de Atuneros (Catun) reclama que se debe mantener el subsidio, para beneficiar a la industria procesadora, sus empleos y que pueda competir.
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) defiende la iniciativa y señala que no es comparable, porque se compite con países con flota nacional y otros subsidios. El ente rector ya usa una nueva metodología y bajo un acuerdo fijó en $47.400 el costo de las licencias.
El debate se reactiva, luego de que a finales del 2018, el Tribunal Contencioso Administrativo – tras una demanda de José María Villalta – obligara al Estado a cambiar su práctica para dejar de regalar el recurso atunero. En junio, El Observador informó que nuestro país dejó de percibir más de ¢706 millones en los últimos 10 años por licencias regaladas.
OBSERVE MÁS: Costa Rica dejó de percibir más de ¢706 millones en última década por licencias regaladas de pesca de atún
Cambiar orientación
La histórica sentencia del Contencioso – que aún debe quedar en firme – anula reglamentos de la Ley de Pesca y Acuicultura, y recuerda que el Incopesca debe fijar todo lo relacionado con cánones por licencias para los barcos atuneros de cerco y que no quede por la libre y con decretos como estaba antes.
El proyecto de ley estipula un nuevo artículo 53 que obliga a los cerqueros a tener una licencia para pescar en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país y fuera. Antes de la demanda de Villalta la autoridad tramitaba contratos para cuotas de acarreo, uno de los permisos de la pesca de atún, con un decreto.
El artículo 60 justifica la necesidad de tener polígonos en la ZEE donde los cerqueros no pesquen. Y el 55 elimina las licencias gratuitas (resabio de la Ley Ferreto) y define que:
El número de licencias que se otorguen estará limitado o restringido por un límite de captura total de atún para buques cerqueros que establezca anualmente el Incopesca. Este límite deberá establecerse en función del comportamiento de la producción atunera y las capturas de las zonas que sean autorizadas para buques con pesca de cerco y no podrán exceder los valores históricos de producción de las mismas.
El presidente de Incopesca, Daniel Carrasco, recordó que la gestión del recurso atunero ha arrastrado diversos problemas:
- en la unidad de medida: se cobraba por la capacidad del barco que es diferente al tonelaje neto de registro, por una tonelada (1.000 kg) cobrada se llevaban más de 2.000 kilos
- cobro de licencia: un decreto cobraba solo $54 por tonelada
- y las licencias gratuitas
Por eso argumentó que no debe existir ese “premio” de una prórroga gratuita, para “recobrar nuestra riqueza atunera”.
OBSERVE MÁS: Disminuye la sobrepesca de atún en aguas internacionales, según la FAO
Piden subsidio por “competitividad”
Sardimar – reconvertida en el 2011 su razón social a Alimentos Prosalud – es la principal y mayoritaria empresa del sector procesador de atún. La compañía tiene una persona sentada en la directiva de Incopesca, donde incide en las decisiones técnica de la entidad. (Edica)
Carlos Villalobos, biólogo, expresidente de Incopesca y asesor de la Cámara de Atuneros, cuestionó que el país nunca desarrolló una política atunera integral. Por eso pidió un análisis “objetivo”, un acceso “equitativo” del recurso y aseguró que el proyecto de ley no tiene “criterios técnicos”.
La industria procesadora pide que se mantengan las licencias gratuitas a barcos foráneos, para “ser competitiva” ante países como México, El Salvador y Ecuador.
Carrasco refutó que la competitividad sea un elemento de peso, pues los países con que se compite tienen su propia flota y no dependen solo de la captura en la ZEE.
El abogado especialista en derecho pesquero, José Antonio Chaves, afirmó que el sector pesquero con complicidad de las autoridades generaron un “Estado paralelo” con irregularidades y una “fiesta” con las licencias gratuitas. Por eso insistió que no es necesario el subsidio y que el sector enlatador tiene su demanda asegurada.
El investigador mencionó que se debe tener cuidado para que lo logrado en la sentencia del Contencioso no se pierda en posibles cambios al proyecto de ley en el Congreso.
Atún asegurado
Costa Rica no tiene una flota de cerco. (MarViva)
En Costa Rica, la industria procesadora – cuya empresa mayoritaria es Sardimar (Alimentos Prosalud) – tiene dos opciones para abastecerse de atún: contratar los cerqueros extranjeros o importar del mercado internacional.
La cantidad de embarcaciones foráneas que pescan en la ZEE ha venido bajando en los últimos años de unos 25 a menos 10. Incopesca otorga licencias hasta para un máximo de 8.586 toneladas, el “Volumen Óptimo de Captura“. Incluso como requisito el barco debe tener un contrato para entregar el 100% de la captura en la ZEE a la industria local. Con esto la industria se garantiza su abastecimiento según el Instituto.
Un estudio de Fundación MarViva del 2017 concluyó que la demanda de atún capturado fuera de Costa Rica se incrementó para el 2014 y el 2015. Para este último año, el 75% del atún procesado en enlatadoras no fue pescado en aguas nacionales.
Asdrúbal Vásquez, director ejecutivo de la Cámara de Atuneros, se opuso el dato y sostiene que una embarcación aunque pesque atún en aguas internacionales, si tiene licencia costarricense, su captura debe clasificarse como producto de origen nacional. Dijo que entre 35 y 40% del producto procesado viene de aguas internacionales.
Vásquez también reclamó los límites puestos por la autoridad en la ZEE, que restringe a los cerqueros de pescar en los llamados polígonos.
“Cada país es soberano de tomar sus normativas, pero esa normativa debe considerar la competitividad regional y no hacer decretos, normativas de costos de las licencias, eliminando la renovación (gratuita) de las licencias cuando toda la captura fue entregada en Costa Rica”, adujo Vásquez, quien fue directivo de Incopesca en el pasado.
La industria enlatadora según Catun:
- genera 4.000 empleos directos
- paga ¢25.000 millones en salarios y cargas sociales
- exporta la mitad de su producción por $50 millones anuales
Deficiente comercialización
El abogado José Antonio Chaves justificó que la zonificación de polígonos se basa en estudios de dónde se reproduce el atún; dónde se dieron los mayores lances históricamente; y cuál es la parte más productiva. El atún de cerco tiene notablemente menor calidad que el atún fresco que llega a puerto, y por ende menor precio.
Chaves ejemplificó que en estos momentos en San José el precio de un kilo de atún de tipo aleta amarilla ronda los ¢10.000 o hasta ¢19.000 (más de $30) en ciertos supermercados. Al barco la tonelada en Costa Rica le costó $19 durante casi 40 años. La estrategia de buscar mayor calidad en el producto impulsó la zonificación.
“No es que dejen de pescar de cerco. La población necesita la lata también. Si no, dejemos el 60% de la ZEE a los cerqueros y el 40% que quede para los nacionales”, explicó el experto.
El investigador apuntó a una política que:
- recupere la soberanía
- controle mejor los barcos con tecnología GPS
- renueve la flota palangrera
- pero sobre todo cambie la comercialización, donde un pescador local que trae atún fresco encuentra posibilidades de precios ínfimos en comparación con otros en el mercado.
“La política debe promover la pesca nacional de productos de calidad. Emitir procedimientos comerciales seguros para que tenga el mayor valor posible y que este producto sea de exportación. Y hay que desarrollar paulatinamente el gusto de los costarricenses”, recomendó.
OBSERVE MÁS: Pescadores sufren las consecuencias económicas del coronavirus: pesca turística, artesanal y palangrera varadas
Manuel Sancho
