Tomás Gómez
La derogación tácita de los incentivos turísticos que creó la Ley 6990, por una interpretación de la Dirección General de Tributación, ha provocado temor en el sector turístico del país.
A partir del próximo 1º de julio se deberá aplicar el Impuesto al valor agregado (IVA), cuyas exenciones quedaron explícitamente determinadas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Según Tributación, esto dejaría por fuera tácitamente a todas las demás exenciones que no hayan sido incluidas en la ley.
Ante este escenario, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) indicó por medio de su presidenta Sary Valverde que interpretar la ley de esta manera desaceleraría las ventas y el crecimiento del sector.
“Hoy por hoy el sector turismo es uno de los más dinámicos, de manera directa generamos el 6,5% del PIB y de manera directa e indirecta el 8,7%. Generamos una gran cantidad de empleo, esto hace que seamos la respuesta para la reactivación económica y esto pues afectaría las inversiones no solo de costarricenses y de extranjeros en diferentes zonas del país”, destacó.
Valverde se queja de que el gobierno no ha tenido acercamiento alguno con ellos y que ha dado respuestas escuetas a sus cuestionamientos.
Advirtió también que en el sector turismo muchos de los negocios son de emprendedores, lo que incrementaría el grado de afectación.
“Esta es una cosa que nosotros no dimensionamos en el momento en que salió la Ley. Realmente si los incentivos turísticos desaparecen hay hoteles que van a tener que cerrar a consecuencia de esto, lo cual afectaría directamente el desempleo”, destacó.
ICT analiza implicaciones
Luego de que El Observador diera a conocer que los incentivos turísticos estarían en peligro por la aplicación de la reforma fiscal, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) indicó que analizará la situación para determinar la afectación que podría generarse en la actividad.
Según una interpretación suscrita por Geovanny Tencio, director interino de Tributación, las ventajas tributarias del sector turismo no fueron protegidas explícitamente por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lo que abre las puertas a que dejen de ser aplicadas. El documento fue emitido tras la consulta del diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.
Esto incluye quitar exoneraciones a importaciones de bienes que son necesarios para llevar a cabo la actividad.
Ante esas declaraciones, Gustavo Alvarado, director del Departamento de Gestión Turística del ICT indicó que la institución “está analizando las implicaciones y haciendo las consultas pertinentes”.
Alvarado sostiene que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Nº 9635) “fue de amplia discusión pública y todos los sectores de la sociedad estuvieron informados del proceso de reforma fiscal que llevó a cabo el país”.
El vocero insistió también en que la ministra de Turismo María Amalia Revelo ha tenido una comunicación “constante y estrecha” con su colega de Hacienda, Rocío Aguilar, tanto en la tramitación de la ley como en las implicaciones de esta en el sector turístico.
Nuevos retos para el turismo
Según el ICT la cantidad de empresas que estarían viéndose afectadas por los cambios de la Reforma Fiscal están en análisis.
Por lo pronto, uno de los cambios más inmediatos será la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual se introducirá al ámbito turístico de forma gradual durante los próximos 4 años.
“La Ley de Fortalecimiento es un proceso que apenas inicia y trae consigo muchos retos”, advirtió el vocero del ICT.
