Industriales: Propuesta para reformar Ley de Aduanas es contraria a “mejores prácticas internacionales”

Para la Cámara de Industrias de Costa Rica, la modernización de la actual Ley General de Aduanas (N°. 7557) es imperativa. Esto, no solamente para reducir el contrabando, sino también para la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, la actual reforma legislativa planteada en el expediente No. 22.364, es contraria a “la normativa regional, a las mejores prácticas internacionales y a las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas”.

Es por esta razón que los industriales solicitan algunas enmiendas en el texto, antes de su aprobación. Así lo manifestó, este martes, el presidente del gremio Enrique Egloff, durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

“Cualquier modificación que se plantee a la Ley de Aduanas debe estar en armonía con la legislación regional, entiéndase el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) y su reglamento.

“Así como con los compromisos internacionales que Costa Rica ha suscrito en la materia, por ejemplo, el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC”, añadió.

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Señalamientos

De acuerdo con el análisis de la Cámara, la actual “Reforma a la Ley General de Aduanas” que se discute en el Plenario “no aporta reformas sustanciales que contribuyan en la lucha contra el comercio ilícito y la defraudación fiscal, por lo que tampoco ayudaría a aumentar los ingresos tal y como se pretende”.

En primer lugar, señalaron que el control aduanero a los operadores de comercio privados cuando los mismos deberían de ser realizados en los puestos de entrada (fronteras, puertos y terminales aéreas).

Esto afectaría los costos de la cadena logística lo cual repercutirá en precios más altos para los consumidores. Esto, ya que los negocios estarían obligados a implementar equipos de inspección no intrusivos, como escaners.

Esa medida atentaría contra la Ley General de Aduanas, la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas así como el reglamento de Cauca, afirmó Egloff.

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Defraudación fiscal

Por otro lado, el pago diferido de la obligación tributaria propuesto (artículo 61 bis), no representa ningún beneficio para los empresarios. Esto, ya que solo se aplica a materias primas y bienes de capital, los cuales en su gran mayoría no pagan aranceles.

Además, el formato de declaración aduanera acumulada (artículo 112 bis) atenta contra las Pymes. Esto, al estar planteado de una forma excluyente ya que establece un mínimo de importaciones durante un mes calendario. 

No obstante, otro de los puntos más preocupantes es la exoneración de productos por debajo del valor con “fines comerciales”, añadió la Cámara.

“Afectaría a la industria nacional que debe competir en condiciones desfavorables versus los productos importados libres de impuestos. Se estimularía la defraudación fiscal por medio de la subfacturación, pues algunos importadores van a querer importar por debajo de ese umbral para no pagar aranceles.

“Es decir, estaríamos promoviendo la defraudación fiscal con esta iniciativa por lo que se recomienda la eliminación del artículo”, sentenció Egloff.