Krissia Morris Gray
(Foto: Alonso Solano)
Producto a la ineficiencia del actual sistema de transporte costarricense, el país pierde, cada año, $5.000 millones.
Este costo involucra la cantidad de vidas que se pierden en los accidentes de tránsito, el tiempo perdido en presas a causa de la cantidad de vehículos en las calles y los costos asociados a la atención de salud de los afectados de los percances de tránsito.
Así lo señala el informe “Costos y beneficios de la descarbonización de la Economía de Costa Rica: Evaluación del Plan Nacional de Descarbonización bajo incertidumbre”. El documento fue elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en asocio con otras instancias.
El estudio valoró el costo-beneficio que representará para el país de la implementación del Plan Nacional de Descarbonización. Con este programa se pretende reducir las emisiones de carbono de diferentes actividades y sectores de la sociedad.
Millones de millones
Para mejorar el transporte, el Gobierno apuesta por entrada en circulación de buses eléctricos y el cambio de la flotilla de carros por el de energías limpias. También, mayor uso de transporte público y la implementación del tren eléctrico de personas.
A ello suma la creación de ciclovías y de carriles exclusivos para buses, entre otros.
Debido a problemas que tiene el sistema de transporte público, cada vez más personas optan por comprar un vehículo. Esto provocó un crecimiento de la flotilla vehicular que rebasa la capacidad de infraestructura y que ocasiona la gran congestión vial.
“Son $5 mil millones al año que el país pierde o está gastándose en las ineficiencias del sistema de transporte. Eso incluye también vidas perdidas en accidentes de tránsito y el tiempo perdido”, dijo Adrien Vogt Schilbel, economista del BID.
Para el especialista, ese tiempo perdido, podría ser invertido por la gente para desarrollar otros trabajos o aprovechándolo en otra cosa.
Otros de los aspectos mencionados por Vogt es el hecho a que el país tiene una factura petrolera, para la compra de combustibles fósiles, cuando por otro lado, Costa Rica es un país que genera electricidad mediante energías renovables.
Impacto de la pandemia
La movilidad restringida de los últimos meses a causa del confinamiento y el teletrabajo por la pandemia se vio reflejado en la factura petrolera y las emisiones.
Datos de Refinadora Costarricense de Electricidad (Recope) apuntan que, a noviembre anterior, fueron adquiridos 15,5 millones de barriles de productos terminados, para lo cual gastó más de $757,3 millones.
Los meses de abril, mayo, junio y setiembre (pandemia) fueron comprados solamente 1,1 millones de barriles, 1,2 millones de barriles, 833.351 barriles y 759.912 barriles, respectivamente.
Por su parte, en marzo Recope compró 2,3 millones de barriles de combustible. Lo que refleja una baja importante en los meses de la pandemia.
La ministra de Ambiente, Andrea Meza, dijo que durante los primeros meses cuando la movilidad fue más restringida se registró una disminución del 7% de las emisiones de gases con efecto invernadero.
Vogt aclaró que no se trata de castigar a la gente a que no use su vehículo, sino que se deben generar opciones.
“Que todo el mundo pueda tener una opción que sea simple y barata para ellos, que tengan alternativas como caminar, usar ciclovías o que use el transporte público”, enfatizó.
Cambiar de modelo
Para Meza, el país debe cambiar de modelo de ciudad, en el que se pase a uno más compacto y mixto.
Es decir, que la gente pueda vivir más cerca de donde viva y que tenga opciones diversificadas de transporte.
“Esa apuesta de cambio de modelo de ciudad para por tener un cambio en el transporte público, a priorizarlo. La mayoría deberíamos viajar en transporte público”, agregó la Ministra.
Manifestó que, dentro de los retos existentes, está el lograr que personas, de la clase media y alta vuelvan a usar el bus.
Refirió que, en los últimos 20 o 30 años, una cantidad importante de la masa poblacional decidió bajarse del bus y montarse en el carro, pues considera que el medio de transporte público es inseguro y que dura mucho tiempo en llegar a su destino.
“Es una apuesta a decir que necesito un medio masivo de mover gente y es aquí donde el tren (eléctrico) tiene mucho sentido”, remarcó.
Por ello defendió que el país no debería renunciar a dicho proyecto y cuando se le consultó que, si lo consideraba como un proyecto viable, respondió que contribuiría a la reactivación económica.
“No es sólo cuánto nos cuesta, es que el tren nos genera inversión en el tema constructivo sólo en empleos directivos. (…) Los beneficios también se dará en las paradas del tren, con el comercio y tiendas porque saben que allí pasa gente a tomar el tren. Hay que peatonizar”, aseveró Meza.
Sobre uno de los cuestionamientos existentes en torno al pago que debería hacer el gobierno de $30 millones a $50 millones al año para el proyecto del tren eléctrico respondió que “en la mayor parte del planeta, el transporte público se subsidia”.
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Krissia Morris Gray
