Paula Ruiz
El 22 de enero de 2019, Elky Cedeño recibió la peor noticia de su vida: le habían arrebatado la vida a su hija Brittany Cerdas quien estaba embarazada con 7 meses de gestación.
En ese momento, su otro hijo tenía cuatro años y medio de edad, a quien le han negado atención psicológica y psiquiátrica por lo sucedido.
“Me dijo que le comprara un arma, que él iba a ir a matar al asesino de su hermana”, relató Cedeño.
Además, su esposo fue despedido de la empresa donde laboraba “por la misma situación”, según expuso.
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“Todo el mundo nos desconoce y nos discrimina, ya nadie nos ve con los mismos ojos y cuesta conseguir trabajo”, apuntó.
Como ella, está el caso de Ana Rosemary Cordero, mamá de Karolay Serrano de quien encontraron parte de sus restos en febrero de 2020.
Serrano tenía una hija de tres años de la cual, ahora Codero se hace cargo. Ella relató que también perdió su trabajo y ahora vende empanadas y comida rápida para sacar adelante a su nieta y sus otros cuatro hijos.
El proyecto
El proyecto de ley pretende establecer un fondo administrado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) para garantizar un subsidio de medio salario base y becas de estudio para menores o mayores de edad.
El dinero saldría de un timbre que se cobraría al momento de inscribir un arma por parte de personas jurídicas o físicas. Así como un impuesto selectivo de consumo para la importación de armas y lo referido a municiones y pólvora, explicó Marcela Guerrero, presidenta del Inamu.
También se pretende garantizar la atención médica, psicológica y psiquiátrica para familiares de víctimas de femicidios.
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Además, se contempla que el padre que haya dado muerte a la madre de personas menores de edad se le suspenda el ejercicio de la patria potestad y los procesos sucesorios. De esta forma se previene que el femicida herede los bienes de la mujer que asesinó, señaló Nielsen Pérez, diputada del PAC.
Entre el 2007 y 2021, 398 mujeres han fallecido víctimas de femicidio en Costa Rica, según datos otorgados por el PAC con base en estadísticas del Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial.
“Estudios del Grupo de Familias Sobreviviendo al Femicidio, señalan que alrededor de 517 hijos han perdido a sus madres, de los cuales, aproximadamente 380 eran menores de edad al momento del suceso”, informó el PAC.
Óscar Morera, papá de Eva Morera (asesinada en noviembre de 2019), pidió a las autoridades dejar de revictimizar a las familias.
“El asesino, el femicida de mi hija Eva, escribió una carta al PANI exigiendo que no iba a renunciar a sus derechos como padre de Julián porque él quería sentarse con su hijo y explicarle qué había pasado, como si un hecho de estos tuviera explicación”, confesó.
Morera expuso que hay una invisibilización de la violencia contra las mujeres así como una normalización de lo que sufren las familias después de haber sido víctimas del femicida.
Se espera que el proyecto ingrese pronto a la corriente legislativa para iniciar su trámite.
Varias diputaciones firmaron el proyecto de ley con el fin de impulsar la iniciativa. Cortesía.
