Krissia Morris Gray
El Instituto Nacional de Seguros (INS) presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con el fin de que se investigue una serie de hechos presentados en torno a un proceso de contratación que debió ser suspendido.
Se trata de la contratación exceptuada N°2021PP-000011-0001000001 denominada “Adquisición de diseño, implementación integral, licenciamiento y soporte de una arquitectura digital basada en plataformas verticales de industria”.
De acuerdo con el INS, el proyecto incluye soluciones tecnológicas para la gestión financiera y contable de los seguros e inversiones del grupo. Además, busca mejorar el sistema de gestión de pólizas de seguros, así como una solución tecnología que será vital en la atención de los servicios hospitalarios y de salud.
Previo al proceso, la institución aseguradora señaló que apostaba a la transformación digital, “en momentos en que el mercadeo asegurador y el mundo entero exigen cambios, vinculados muchos de ellos a soluciones tecnológicas”.
El contrato se le adjudicó a un consorcio de empresas el 29 de setiembre anterior, el cual adquirió firmeza el 21 de octubre.
“Sin embargo, el pasado 23 de noviembre, el INS tomó la decisión de suspender el contrato, puesto que aparentemente el proveedor omitió revelar que tenía una prohibición para contratar con la Administración Pública, debido a que uno de sus representantes es esposo de una diputada de la República”, señaló la institución en un comunicado de prensa.
El representante en cuestión es de apellidos Garnier Fernández, de la empresa UST Global Costa Rica, que formaría parte del consorcio ganador. Actualmente está casado con la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Karine Niño, según consignó Diario Extra.
Se trató de obtener una reacción de Niño sobre el tema, pero no contestó su teléfono celular.
Abrirá procedimiento administrativo
La entidad aseguradora indicó también que iniciará un procedimiento administrativo ordinario, para determinar la eventual nulidad del proceso de contratación, esto ante el aparente impedimento.
“Una vez efectuada la suspensión del contrato se han dado una serie hechos y acciones, que permiten sospechar de una eventual filtración de información, para lograr presiones externas con objetivos que en apariencia podrían ser irregulares”.
Krissia Morris Gray
