Paula Ruiz
Uno de los miembros de la supuesta organización criminal en el caso “Madre Patria”, tenía el interés de que una de sus hijas, utilizadas por el grupo como testaferro, se metiera en la política.
Se trata de un hombre de apellido Herrera, quien quería que su hija, de 2a años de edad, pudiera estar en la política nacional para tener control en instituciones como el Consejo de Transporte Público (CTP) y las Municipalidades.
“Vea mi amor, hoy que fui al CTP, conocí una gente que llevó, esta muchacha de Tuetal, y están muy metido en la política con Rodrigo, el presiden… (interferencia) (…) pero ellos querían que yo me metiera en política”, destaca en el legajo de investigación en la intervención telefónica realizada el 15 de agosto de 2023.
“Pero yo no puedo porque usted sabe que me van a sacar historias con Fernando y muchas cosas (no se entiende) y todo, entonces la voy a meter a usted”, indicó en la comunicación intervenida por la policía judicial.
A esto, ella le responde que le da vergüenza.
“Tiene que meterse en esto porque a mi me sirve, porque como usted va a tener muchas influencias en el CTP, ¿me entiende? y con todo mundo”, puntualizó Herrera.
Ambos forman parte de las personas que se mantienen detenidos luego del operativo realizado el martes por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La joven está a cargo de Translele Sociedad de Responsabilidad Limitada inscrita para fines comerciales de transporte público, importación y exportación de ventas de autobuses y otros.
Además, aparece en el Consorcio Operativo Transportes del Pacífico Sociedad de Responsabilidad Limitada, sociedad anónima inscrita para transporte colectivo de personas.
Ambas sociedades fueron escritas para mantener rutas de transporte público, las cuales habrían sido utilizadas para justificar dineros provenientes de forma ilícita como por ejemplo la venta de autobuses en Nicaragua y la venta ilegal de propiedades.
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Esta es la intervención telefónica entre padre e hija. (Captura de pantalla/El Observador).
Reunión con Ministro
En las intervenciones telefónicas también se destaca que el hombre de apellido Herrera iba a tener una reunión con el Ministro de Transportes.
La llamada es del 16 de agosto de 2023, fecha en la que Luis Amador fungía en el cargo.
En el análisis de la llamada realizada en el legado de investigación, se destaca que ese encuentro buscaba que el Ministro “ejerciera presión al CTP y así terminar los permisos de servicio de transportes que mantiene (un hombre de apellido) Alpízar (quien es dueño de rutas de buses)”.
Asimismo, se logró determinar que Herrera obtenía asesoría por parte de un funcionario del CTP para que Alpízar no obtuviera permisos de transporte público dado que era catalogado como una “competencia” para la supuesta organización criminal.
“Para que posteriormente, él pueda realizar una oferta por las rutas que dejó Alpízar y se le brinde la concesión o permiso, se asesora de funcionarios internos en esta institución, para finiquitar su objetivo”, destacó el OIJ en el documento.
Adicionalmente, este sujeto también refiere que obtiene ayuda del viceministro de Transportes Carlos Ávila quien supuestamente se encarga de hacer documentos y presentarlos ante el Ministro y evitar que sean rechazados.
“Los documentos me los hace el vice a mí y yo se los llevo al Ministro, todo lo llevo yo ya en hoja hecho y el ministro me dice: mae esto yo lo tengo, esto nosotros lo hemos movido yo le digo, yo sé porque mi asesor me lo hace, mi asesor sabe que ustedes esto lo tienen pegado”, dice Herrera a un sujeto identificado con el apodo de “Huevo”.
En la investigación judicial también se identificó a oficiales de Policía de Tránsito quienes ayudaban a la supuesta banda criminal para confeccionar multas a rutas consideradas como “competencia” y a la vez, no aplicarles ninguna a las de ellos.
En el expediente también se destaca que informaron a un sujeto de apellido Gómez, de nacionalidad española y quien es la cabecilla de la organización, sobre la orden de captura de dos de las unidades de transporte público, por orden del Ministerio de Trabajo dado que no le pagaron prestaciones a un señor que se pensionó.
Asimismo, ayudaron a Gómez porque un oficial de Tránsito que no formaba parte de la banda, le iba a bajar las placas.
En agosto de 2023, el ministro de Obras Públicas y Transportes era Luis Amador (Alonso Solano/El Observador).
Un “megacaso” según las autoridades
“Madre Patria” llevaba dos años y medio de investigación, pero reventó este martes a primera hora, con 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas.
En ellos se reporta el decomiso de 38 vehículos y 13 buses de servicios de Alajuela y Puntarenas; además de objetos que van desde un arma hasta una colección de relojes.
En total se investiga a 54 personas como parte de una estructura sospechosa de acceder a terrenos.
Estas operarían en una estructura que comenzaría por acceder a los terrenos aprovechando su desocupación o la desintegración de personas jurídicas. De ahí se daba su venta a personas que los compraban de buena fe.
La transacción generaba millones de colones que tocaba blanquear de diferentes formas, para lo que se recurría a profesionales de diversas áreas.
Por ejemplo se identificó a un juez que eventualmente facilitaría sus sociedades de venta tipo “outlet” o de transporte de mercancías. De la misma manera, el experto daría asesoría legal.
Otro eje es la participación del grupo en el sector de transporte. Ahí se achaca un acuerdo con los tráficos para hacerle multas a la competencia y después, eventualmente, poder tomar las rutas.
De paso, se analiza el rol de las personas que trabajaban directamente con el grupo.
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