Tomás Gómez
Ha pasado un año desde que Zapote confirmó, un domingo a altas horas de la noche, que el presidente Carlos Alvarado y su familia vacacionaban en Guanacaste.
El hecho hubiera pasado inadvertido de no ser porque en ese momento las restricciones por la pandemia eran más fuertes, la familia rompió la burbuja y el viaje fue a un hotel cerrado al público.
Para justificarse, el Gobierno compartió entonces una serie de facturas que lejos de calmar la polémica aumentaron las dudas.
La propia Fiscalía y Tributación anunciaron entonces sendas investigaciones que aún están en proceso.
Supuesto delito de enriquecimiento ilícito
Al estallar el escándalo, la Fiscalía indicó que el viaje se investigaría bajo el expediente 20-000044-0033-PE, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el artículo 346 del Código Penal el enriquecimiento ilícito se comete cuando se aceptan dádivas o promesas de dávidas para hacer valer la influencia de un cargo, o se usan informaciones especiales accedidas a partir de su cargo. La sanción de cárcel por el delito va de seis meses a dos años.
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A la fecha, Fiscalía confirmó que siguen investigando el caso
“Tras revisar en su sistema de gestión de casos, lo único que puede informar es que el expediente avanza en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba. Esta fase es privada, por lo que no es posible dar más detalles”, indicó la institución.
Lupa a las facturas
Para frenar los cuestionamientos, Alvarado publicó diferentes facturas con los gastos que había tenido en su paseo.
Estas incluían $497 en alimentación, $690 en hospedaje. Además de $930 por un vuelo compartido con el exministro André Garnier y una factura por $1.627 por el vuelo de regreso, que no se especificó si también compartió.
Los comprobantes relacionados al hotel no pasaron inadvertidos para la Dirección General de Tributación.
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Originalmente se presentaron unos comprobantes que no diferenciaban el IVA mientras que dos días después la defensa de Alvarado compartió otros con diferente fecha y que si marcaban en cobro.
Ante esto, se pidió una investigación a Tributación en Guanacaste que sigue en proceso.
“Por tratarse de un proceso que se inició contra la empresa en su momento y está reglado por el Código Tributario, donde esta puede ejercer su derecho de defensa, están inhibidos para indicar detalles del proceso”, confirmó esta semana el Ministerio de Hacienda.
Todo empezó en redes sociales
El viernes 7 de agosto del 2020 la agenda política estuvo marcada por la renuncia de la Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez. Mientras ella ventilaba en conferencia de prensa sus diferencias con el Gobierno, el presidente volaba en helicóptero rumbo a Nandayure.
Desde el sábado siguiente circuló en redes sociales la presencia de Alvarado en Guanacaste, dando a conocer hasta el número de habitación.
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Las críticas fueron incrementando y luego, a cuentagotas, Casa Presidencial y los abogados particulares de Alvarado fueron dando detalles.
Según se dijo entonces el mandatario había participado de reuniones vía remota desde la zona.
Dado que la Fiscalía intervino en el tema, tanto Alvarado como su esposa Claudia Dobles optaron por no dar declaraciones desde entonces y dejar el tema en manos de la defensa.
Para esta nota se intentó conocer la opinión de los abogados de Alvarado sobre estos procesos pero indicaron que no darían declaraciones del tema.
