Tomás Gómez
A partir de este lunes, empiezan a correr 5 meses de audiencias que determinarán si la investigación del escándalo por la importación de cemento chino escala a juicio.
El proceso está dividido en varios expedientes judiciales, pero este es el principal, al estar centrado en el financiamiento para la traída de cemento.
En el expediente se revisan actuaciones del empresario Juan Carlos Bolaños y personas que trabajaban para la empresa (de apellidos Rojas y Cortés).
También figuran la expresidenta del Banco de Costa Rica (BCR), Paola Mora, junto a otras personas que dirigían áreas de la institución, de apellido Víquez, Corrales, Barrantes y Ramírez).
Por la vía virtual
La convocatoria de este lunes estaba convocada en el II Circuito Judicial de San José. No obstante, se optó por llevar el proceso en la vía virtual.
El trámite corre a cargo de la jueza Andrea Rodriguez.
La Fiscalía está representada por Carlos Rodríguez, y de la Procuraduría está Eimy Román. El Banco, por su parte, es representado por Ana Francis Marín.
Del lado de los imputados
Los imputados, por su parte, recorrieron algunos a abogados particulares y otros a la Defensa Pública.
En estas primeras horas ya se generó un primer roce, pues uno de los defensores públicos expuso que no fue hasta el viernes cuando le recargaron uno de los casos. A su criterio, el rol del investigado choca con el de otro qué también le toca defender.
Este elemento tendrá que ser revisado para determinar si se sigue con la audiencia o se pide un nuevo abogado; lo que implica un plazo para que este se empape del caso y defina sus estrategias.
Gerardo Huertas, representante de Corrales y Barrantes, fustigó por su parte el rol que ha traído Fiscalía. Al ente le endilga problemas al inicio del proceso que ahora impactan al caso.
“La Fiscalía se ha caracterizado por detener y pedir prisión en automático; de forma apresurada y arbitraria y sin realizar una investigación real”, afirmó.
“La acusación presentada en contra de todos los imputados sin diferenciación alguna es una muestra más de la temeridad con la que ha venido actuando el Ministerio Público”, sumó el jurista.
