Krissia Morris Gray
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) solicitará un nuevo “apoyo al Estado” para retomar el plan de reestructuración iniciado en el 2019.
La entidad se encuentra en el proceso de afinamiento de números, a fin de hacer el planteamiento al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Ministerio de Hacienda.
La información fue confirmada por la presidenta ejecutiva de la entidad portuaria, Andrea Centeno, quien aseveró que la situación es debido al impacto ocasionado por el embargo que le cayó a la Junta, interpuesto por el sindicato.
Para Centeno, el embargo ocasionó un hueco financiero por el orden de los ¢7.600 millones.
“Japdeva va a tener que pedirle un apoyo al Estado nuevamente. El embargo nos costó casi ¢8.000 millones”, afirmó Centeno.
En mayo del 2020, Sindicato de Trabajadores de Japdeva y Afines Portuarios (Sintrajap) logró el congelamiento de cuentas por el orden de los ¢5.383 millones y en abril anterior, el Tribunal de Trabajo de Limón descongeló los recursos.
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En el planteamiento judicial, realizado desde el 2013, reclamaban el no pago, por parte de Japdeva, de dineros al fondo de trabajadores.
En su momento Japdeva tuvo una planilla de alrededor de 1.200 trabajadores y el plan de modernización reduce la cantidad de trabajadores a 250.
La planilla actual es de 510 personas.
Recibió primeros ¢10.000 millones
El Observador le consultó a la jerarca sobre la cantidad de dinero que se le solicitará al Estado, adujo que todavía se está en el proceso elaboración de los datos.
En su momento, con la ley de reorganización se le permitió a Japdeva solicitar préstamos hasta por ¢10.000 millones a entidades del estado.
En este sentido, en el 2020, Japdeva recibió un préstamo del Instituto de Desarrollo Rutal (Inder), por el orden de los ¢3.500 millones y ¢6.500 millones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
“No hay forma que Japdeva salga sola (…) Se va a requerir ayuda, no para cubrir todo el hueco, pues sabemos que el país no está para eso, pero sí por lo menos para permitirnos retomar el proceso”, reafirmó Centeno.
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Efectos del embargo
Centeno explicó que mientras estaba vigente el congelamiento de los recursos Japdeva detuvo el plan de reducción de la planilla, por lo que los gastos se mantuvieron elevados.
Además, siguieron los gastos de la convención colectiva de los funcionarios que aún laboran en la entidad, no se pudo amortizar deudas, se incrementó también la deuda, entre otros.
Por otro lado, el pago de las cargas sociales se mantuvo elevado porque no se logró la reducción trazada de la planilla.
De noviembre del 2019 a abril del 2020, se disminuyó en 400 plazas la planilla de Japdeva, pero en la actualidad la cantidad de empleados debería rondar entre los 290 a 300 trabajadores, pero está casi al doble de los programado inicialmente.
Esto por cuando, de los 18 meses en los que debía realizarse la transformación de Japdeva, se pudo ejecutar cinco meses, por lo que quedan 13 meses pendientes.
“Nos causó un hueco financiero. Nos impidió seguir con la transformación en lo esencial (…) El embargo fue dañinísimo y probado con números”, remarcó Centeno.
Indicó que la medida cayó sobre las cuentas de la transformación que se frenó durante todo el 2020 y pese a que se desembargaron se debe realizar varios trámites para el uso de los recursos.
“Estamos tratando de retomarla (la reestructuración), después de haber superado la tan oscura, el desafortunado y dañino episodio. Creo que fue lo peor que le pudo suceder al proceso de recuperación (el embargo) por los efectos directos en la erosión de la economía de Japdeva”, añadió Centeno.
Detalló que Japdeva cierra con un déficit que ronda los ¢700 millones mensuales, los cuales se hacen frente con deuda.
Krissia Morris Gray
