Voz de América
BOGOTÁ. Cientos de manifestantes salieron el jueves a las calles de la capital colombiana en la segunda noche de protestas contra la brutalidad policial, en medio de actos de violencia en los que han muerto al menos 10 personas.
Los manifestantes reaccionan por la muerte del abogado Javier Ordóñez, de 46 años, quien recibió repetidas descargas eléctricas de dos policías con una pistola paralizante. El incidente quedó grabado en un video.
Decenas de manifestantes llegaron el jueves por la tarde a una estación policial de Villa Luz, donde los policías llevaron a Ordóñez antes de su muerte en una clínica. El miércoles había sido atacada y destruida parcialmente esa estación de policial.
Además hubo protestas en varias localidades de la capital colombiana, así como actos vandálicos en contra de estaciones de Policía.
Además de la cifra de fallecidos, las protestas han dejado más de 370 heridos, entre civiles y policías, unos 56 puestos de policía vandalizados y varios buses de servicio público incinerados.
Dentro de las víctimas, siete fallecieron en Bogotá y tres en Soacha.
Hubo además 77 ataques a vehículos de servicio público, 22 de los cuales fueron incendiados en medio de las 26 protestas que se extendieron a otras ciudades como Medellín y Cali, según precisaron las autoridades. La Policía dijo que había capturado a 70 personas.
Muchos colombianos exigen reformas en los protocolos utilizados por la policía en sus procedimientos.
Al respecto, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expresó: “Desde la Defensoría solicitamos revisar los procedimientos de la Policía con el fin de que no se vuelvan a presentar situaciones como las de las últimas horas en Bogotá, que la violencia no es nunca la respuesta. Invitamos a la serenidad pública y a canalizar cualquier reprobación en el marco del derecho, que tienen los colombianos, a la protesta pacífica.”
El presidente, Iván Duque, pidió el jueves que se juzgue con celeridad a los uniformados que cometieron las irregularidades, pero a la vez exigió que no se denigre a toda una institución que vela por la seguridad de los colombianos.
“Y justamente cuando se presentan estos hechos es cuando tenemos que individualizar las responsabilidades, pero no dejar que surjan voces que estigmatizan a toda la fuerza pública”, afirmó el mandatario.
“Por ninguna circunstancia podemos aceptar, como país, que se estigmatice y se le llame asesinos a quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos”, señaló Duque, quien lamentó los hechos violentos en los que murió el abogado.
Ante las denuncias acerca de que en medio de las protestas algunos policías dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, dijo que no permitirá impunidad ante los abusos.
“Le reitero a la ciudadanía que aquí hay una alcaldía que respeta sus derechos, que no va a permitir que caigan en impunidad ninguno de los abusos que se cometiero”.
A su vez, rechazó los actos vandálicos que destruyeron varios Comandos de Atención Inmediata, CAI, de la Policía, entidades bancarias, y establecimientos comerciales.
“No es destruyendo a Bogotá como le vamos a devolver la vida a ninguna de las personas que fallecieron. No es destruyendo a Bogotá cómo vamos a arreglar la policía, ni a superar los casos de abuso policial”, afirmó.
La alcaldesa dijo además que las siete personas que murieron en Bogotá, incluido un joven de 17 años, tenían heridas por armas de fuego, al igual que otras 66 personas que ingresaron a diferentes hospitales.
El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que los dos agentes que presuntamente le ocasionaron la muerte al abogado Ordoñez, serán juzgados por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar, pues sus acciones no se consideran actos del servicio.
La policía de Bogotá fue reforzada con 1.600 efectivos, más de la mitad de los cuales vendrán de otras regiones, y 300 soldados, dijo el ministro de Defensa, Holmes Trujillo.
Congresistas del partido de gobierno y de la oposición coincidieron en que es necesario tramitar una ley que reforme los procedimientos policiales, mientras que analistas consultados por la Voz de América, indican que más allá de la reglamentación y los protocolos, se hace urgente intensificar la capacitación en derechos humanos a los uniformados.
