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Jefe policial detenido por omitir control migratorio en beneficio de familiar

Las autoridades detuvieron al jefe regional de la Policía de Migración en Paso Canoas este jueves, por supuestamente omitir un…

Por Paulo Villalobos

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Jefe policial detenido por omitir control migratorio en beneficio de familiar
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Las autoridades detuvieron al jefe regional de la Policía de Migración en Paso Canoas este jueves, por supuestamente omitir un control migratorio en beneficio de un familiar. El sujeto era el jerarca de ese cuerpo policial en el puesto fronterizo con Panamá.

La captura se dio durante un allanamiento dirigido por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), con sede en Zona Sur.

De acuerdo con un comunicado de Migración, el hombre de apellido Arias, autorizó y firmó un permiso vecinal para un allegado suyo, también de apellido Arias. El funcionario tiene nueve años de trabajar para la Policía Profesional de Migración (PPM).

Un permiso vecinal se da para que una persona, con algún tipo de restricción pueda salir de nuestro país. En este caso, Arias lo habría otorgado a su familiar, a pesar de que cuando consultó los sistemas informáticos, encontró que contaba con un impedimento de salida del país.

No registró movimiento

Imagen muestra a la derecha al jefe policial de Paso Canoas, de apellido Arias, tras su detención en la zona fronteriza con Panamá. (Dirección General de Migración)

El movimiento, sin embargo, no fue ingresado por el oficial. Así logró excluir el control migratorio propio de su puesto y sus funciones.

Con la autorización vecinal, el hombre con medidas cautelares por pensión alimentaria, abandonó el país y la presentó a las autoridades de Panamá.

Supuestamente los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2018.

A Arias se le trasladó a la oficina del Ministerio Público en Corredores de Puntarenas, confirmó la oficina de prensa de Migración.

Denuncia sindical

La pesquisa la llevaron a cabo la Fapta y la Policía de Migración. Actualmente se tramita bajo el expediente 19-000004-1775-PE, por supuesta legislación o administración en provecho propio.

Para ese delito, el artículo 48 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública prevé entre uno y ocho años de cárcel.

“La investigación dio inicio a raíz de una denuncia de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). De forma inmediata la Dirección General ordenó la investigación correspondiente para determinar la responsabilidad del funcionario”, manifestó el director de la Policía de Migración, Stephen Madden.