Paula Umaña
Los planes del ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez, para la modernización vial del país parecen no acabarse. Aún quedan muchos pendientes en la lista; pero la crisis fiscal podría atascar algunos.
Proyectos como las 17 OBIS (programa de Obras Impostergables) y la ampliación de las principales carreteras del país están en proceso de ejecución, y otras ni siquiera han sido adjudicadas.
“Sería terrible para el país volver a vivir las épocas en las que por falta de decisión política el país dejó de invertir”, dijo el titular del MOPT ante la situación que atraviesa el país y el panorama de los proyectos claves de la cartera.
El déficit fiscal llegó a 6,96% del Producto Interno Bruto (PIB), que se traduce en una deuda por $37.000 millones.
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Crisis fiscal e inversión pública
Los puntos principales del programa de consolidación fiscal presentado por el Ejecutivo este lunes.
El pasado martes, se conoció que la agencia Moody’s recortará la calificación del país en un nivel. Esto significa que Costa Rica deberá pagar mayores intereses sobre deuda nueva al considerarse un país con mayor riesgo crediticio.
Ese mismo día, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, presentó ante la Asamblea Legislativa un plan de cuatro ejes para reducir el déficit fiscal. Uno de los elementos es reducir el gasto público.
Es el nuevo de múltiples intentos del Poder Ejecutivo por lograr la reactivación económica, ahora bautizado “Programa de Consolidación Fiscal”, que implicará una reducción del gasto.
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El ministro Chaves dijo que de forma paralela, se necesitará inversión pública, entre la que se encuentra la construcción y mejoramiento de carreteras.
Ante esto, su compañero de gabinete Méndez Mata espera que la sociedad costarricense comprenda que las modificaciones en carreteras son una forma de inversión para el desarrollo.
“Estamos viviendo los resultados de casi 40 años de una desatención del Estado a la inversión de obras de infraestructura y a la calidad de los servicios que se brindan” manifestó en Casa Presidencial.
“Yo espero que la sociedad y el cuerpo político de este país comprenda que no es posible quedarnos en el pasado, que entendamos que se requiere la inversión en obras para seguir hacia adelante”, agregó.
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“No es desperdicio”
El jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez, aseguró que la inversión en infraestructura es necesaria para el desarrollo del país. Carlos Alvarado lo respalda. (Presidencia)
Este martes, durante la firma del contrato para dar inicio al primer lote de OBIS en la carretera San José- San Ramón (ruta 1), el presidente Carlos Alvarado,
“Claros y conscientes de que es una inversión en infraestructura, una inversión de capital; no estamos ni generando gasto corriente ni desperdiciando la plata”, señaló el mandatario.
Los fondos de ¢14.000 millones para las primeras obras de la Ruta 1 pertenecen al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y fueron transferidos por medio de un fideicomiso al Banco de Costa Rica (BCR) el año pasado.
Para completar los planes de las OBIS, aún hace falta la firma del contrato para cuatro lotes más de obras. Los planes de infraestructura actuales permearán hasta la próxima administración.
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Regla fiscal y restricción al gasto
Pero a la Administración Alvarado Quesada la golpeará el efecto de la regla fiscal, contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y cómo limitará el gasto de capital incluyendo el de infraestructura.
Este componente de la reforma fiscal es especialmente importante para la formulación de los presupuestos de 2021 y 2022, dado el nivel de deuda respecto al PIB que estima el Banco Central para estos años, por encima del 60%.
En su artículo 11 la Ley especifica: “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal”.
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La regla fiscal impone mayores restricciones cuando la deuda del Gobierno supera ciertos niveles. Por ejemplo, con un nivel de deuda baja, el gasto del Gobierno podría crecer 5,5%, el mismo ritmo de crecimiento que ha tenido el PIB en promedio durante los cuatro años anteriores.
En cambio, el tope al gasto corriente sería más estricto si el nivel de deuda llega al 30% del PIB. En este caso, tendría que restringir el crecimiento del gasto a 4,7%, o un 85% del ritmo de la actividad económica.
Cuando la deuda alcance un nivel del 45% del PIB, el tope al gasto corriente sería de 4,1%. Este sería el caso para el presupuesto del 2021, que se formularía durante el presente año.
Pero cuando el nivel de deuda alcance el 60%, la restricción se vuelve aún más severa. Primero, porque el presupuesto solo podrá crecer un 65% del ritmo del PIB, es decir un 3,6% con este ejemplo.
Además esta restricción ya no sería solo para el gasto en salarios y remuneraciones, sino que para el gasto total, con lo cual se limitaría también la inversión en infraestructura y otros gastos de capital.
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Paula Umaña
Un viaje diario entre palabras, versiones, hechos y verdades. Una periodista en constante aprendizaje, con el sueño de ser bióloga marina y sumergirse en las historias más profundas del gigante acuático.
