Tomás Gómez
A partir de este lunes corre el plazo para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones de bienes ante la Contraloría General de la República.
Se trata de un trámite exigido por la Ley contra la Corrupción, que monitorea el patrimonio de poco más de 21.000 funcionarios a fin de detectar variaciones irregulares.
El proceso se hace de manera digital y el tiempo para completarlo se cumple el 20 de mayo.
Al haber cambio de administración, este año se sumarán a la lista de declarantes tanto los jerarcas salientes como los entrantes.
Los representantes del Gobierno que termina y los diputados que cesaron funciones el fin de semana deberán enviar una declaración final en los 30 días posteriores de dejar el cargo.
Por su parte, los jerarcas entrantes tanto del Poder Legislativo como Ejecutivo cuentan con un mes a partir de su nombramiento o ratifiación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). En el caso de los nuevos diputados, el plazo vence el 12 de mayo.
“Para este año hemos establecido mecanismos adicionales de ciberseguridad para proteger los registros de las declaraciones”, indicó Manuel Martínez de la División de Gestión de Apoyo de la Contraloría.
La Contraloría estableció sistemas de chat y llamadas para asesorar a los declarantes (Alonso Solano/El Observador)
