Tomás Gómez
Los imputados y los abogados de la Operación Diamante aumentan sus cuestionamientos a las intervenciones telefónicas que sustentan la investigación.
Uno de ellos es el alcalde de San José, Johnny Araya, quien este jueves denunció que su teléfono habría estado vigilado justo durante el juicio que enfrentó a inicios de año.
Ese hecho, se quejó, vulneró las conversaciones sobre temas de estrategia que usaría luego en el propio Poder Judicial.
Tal acto fue calificado por él como un peligro para el sistema judicial y democrático.
A Araya se le investiga, junto con otros cinco alcaldes, por su presunta participación en una red que generaría beneficios indebidos en proyectos de infraestructura como parques, aceras y mantenimiento de vías.
Más crítico con la intervención fue Federico Campos, su abogado.
Para él se trata de otro acto de espionaje que comparó con eventos como la UPAD.
Campos resaltó, además, que en ese juicio actuaban como testigos algunos fiscales, lo que generó una situación más problemática.
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El juicio anterior
El pasado mes de marzo llegó a juicio una denuncia por la supuesta ayuda del exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscal adjunta Berenice Smith a Araya para que su nombre no apareciera en un expediente.
Los hechos denunciados se habrían dado previo a las elecciones municipales del 2016, cuando Araya se postulaba por el Partido Alianza por San José tras su fracaso electoral contra Luis Guillermo Solís.
En esa campaña, el diario La Nación solicitó la lista de causas judiciales pendientes donde figuraba una contra Araya. La misma habría sido borrada antes de las votaciones, lo que a criterio de la Fiscalía generó una “ventaja indebida”.
La Fiscalía consideró las actuaciones como tráfico de influencias y pidió una pena de 5 años de cárcel para cada uno. El Tribunal, sin embargo, los absolvió por duda.
