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Jueces resuelven mitad de casos que hace 20 años, pero costo de procesos subió 164%

Actualmente los jueces costarricenses resuelven un 51% menos de casos de lo que hacían en el 2000. Pero esa mitad…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 4 minutos
Jueces resuelven mitad de casos que hace 20 años, pero costo de procesos subió 164%
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Actualmente los jueces costarricenses resuelven un 51% menos de casos de lo que hacían en el 2000. Pero esa mitad de casos está costando un 164,2% más, lo que representa un promedio de ¢811.000 por cada proceso.

Ese es parte de los hallazgos del Tercer Informe Estado de la Justicia (IEJ), una evaluación al Poder Judicial presentada esta mañana, de cual la institución no salió bien librada.

Partiendo del perfil que la institución tenía 20 años atrás, los expertos alertan sobre un “escenario multiriesgo”. Las observaciones van desde cuestionamientos a la eficiencia hasta un panorama presupuestario complejo, pasado por dudas sobre el manejo político.

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Menos materia penal, más atrasos

Los expertos del IEJ, reporte para del Programa Estado de la Nación, encontraron que los casos penales siguen acaparando la mayoría del presupuesto (34%), lo que se explica en parte por la cantidad de intervinientes en sus juicios.

Laboral y civil aparecen también como materias con alta demanda. Pero todas han sido desplazadas por la materia de cobros, que es ahora más presente en los escritorios judiciales.

“Esta situación está asociada a una fuerte alza en el endeudamiento que la población costarricense mantiene con entidades financieras y crediticias, y su incapacidad para hacer frente a los pagos de sus cuotas y mensualidades”, concluye el estudio.

La creciente demanda de la intervención judicial en el incumplimiento de los pagos ha obligado a oficinas como la Dirección de Planificación del Poder Judicial, a formular propuestas a las empresas financieras para alcanzar soluciones más expeditas.

El problema, en todo caso, sigue latente y se manifiesta en un aumento exponencial del “circulante”, es decir de los expedientes pendientes de una solución final. Entre el 2016 y el 2018, dicho circulante pasó de 984.871 a 1.252.182 casos.

De la diferencia, es decir 267.311 casos, un 80% están relacionados con cobros.

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Ante la crisis, más ocurrencias y menos dinero

El Informe Estado de la Justicia analizó también las reformas internas y externas, con que el Poder Judicial ha intentado remozarse en las últimas décadas y responder a los nuevas realidades, las cuales se han traducido en una carga de funciones para las cuales no hay suficientes recursos.

Del 1990 al 2018, nuevas leyes asignaron al ente 1.034 nuevas competencias, para las que en su mayoría no había presupuesto específico.

La lluvia de tareas fueron saliendo adelante. Pero con las reformas a las finanzas públicas de los últimos años llegó también un nuevo paradigma al Poder Judicial, donde el presupuesto ha dejado de crecer en términos reales y más bien se enfrenta a una decaída para los próximos períodos.

Casos como los tribunales de crimen organizado, cuya puesta en funcionamiento debió posponerse por año y medio ante la falta de recursos y de capacitación del personal, reflejan una pequeña parte del problema que va al alza.

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Los poderes de la cúpula

Con los nombramientos de las magistradas Sandra Zúñiga en Sala III y Damaris Vargas en la Sala I, los diputados cerraron un intenso ciclo de nombramientos postergados por varios años, pero la renovación ahora se prepara para un nuevo ciclo de pensiones y vencimiento de designaciones. (Asamblea Legislativa)

Mientras la problemática afecta toda la institución, el alto mando se concentra en los 22 magistrados. Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia deben compartir su mandato de generar las sentencias más importantes del país, con labores administrativas de todo tipo, un aspecto sobre el cual el IEJ también puso sus focos.

De acuerdo con el proyecto, el Poder Judicial pasa por una etapa “magistradocéntrica”, un problema que existe desde la década de 1930, pero que ahora alcanza magnitudes desproporcionadas de poder.

Así le corresponde a la Corte Plena, integrada por abogados, tener la última palabra en temas administrativos, financieros y hasta de ingeniería de procesos. Todo se hace en medio de una coyuntura política y de más escrutinio, dados los escándalos políticos que sacudieron las magistraturas en el último lustro.

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Tal metodología de trabajo da por resuelto una “gerencia colectiva”, marcada por una gran inestabilidad, dado que de los magistrados actuales casi la mitad ya puede pensionarse y una tercera parte está cerca de acabar su periodo.

Estado de la Justicia dedicó un espacio aparte adicional a la crisis actual derivada de la pandemia. El golpe económico es inminente y ante el cual se topan reformas esperadas por años y decisiones que terminarán por impactar el futuro de la administración de justicia costarricense.

Los magistrados han pasado a ser cada vez más protagonistas de las noticias, lo que incrementa el escrutinio público sobre la institución. (Poder Judicial)