Tomás Gómez
En medio de la resolución de las apelaciones del Caso Cochinilla, el juez Hugo Porter dejó un espacio para reprender a los participantes del proceso por la filtración del expediente.
“Inmediatamente después de los allanamientos, e iniciada la diligencia de audiencia de medidas cautelares, diversos sectores de la sociedad, contaban ya no con información del expediente sino con una copia del original, que en medios de prensa se publicitaban documentos o extractos de documentos propias del legajo del sumario en cuestión”, señala la resolución.
El jurista separó a la prensa del regaño pues a su criterio tiene como “finalidad máxima podría sintetizarse en recolectar, analizar y publicar informaciones sobre hechos o acontecimientos específicos siempre utilizando fuentes seguras y verificables”.
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No obstante, sí fue enfático sobre el cuidado que debía tener un documento de tal magnitud.
“La censura nace de la ausencia de una custodia eficiente para evitar la publicidad de un proceso penal, que como se dijo en esta etapa del procedimiento es secreto, por parte de los
operadores del sumario”, indicó.
A diferencia de la jueza Carolina Lizano, que emitió una resolución oral, Porter presentó sus criterios por escrito el lunes.
Mediante la resolución 249-2021, parte de las medidas cautelares fueron revertidas. Con ellas, varios de los imputados perdieron su libertad por al menos cuatro meses.
Todo cambió en el Caso Cochinilla
Aunque hasta el viernes pasado los defensores de los imputados del Caso Cochinilla se mostraban seguros de que la Fiscalía no lograría revertir las medidas alternativas a la prisión, el lunes a primera hora la situación cambió.
Aunque la mayoría de reclamos de las partes fracasaron hubo un cambio radical respecto a las prisiones preventivas.
Originalmente Mélida Solís -de H Solís- y Carlos Cerdas -de Meco-, evitaron el encierro con fianzas. Respectivamente fueron de $3 millones y $5 millones.
Tal garantía no convenció al juez de la apelación, quien destacó que era menester dimensionar el nivel socioeconómico de los imputados. Además pidió ver su poder y las posibles penas que tendrán en caso de ser declarados culpables.
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“Entre mayor sea la pena y mejor condición económica tenga el sujeto mayor debe ser la caución; pero además de esto último, es importante también, ponderar el posible monto del beneficio económico producido por su supuesto devenir delincuencial atribuible a los acusados, pues la caución real que se impone debe disuadir a aquellos de acciones de fuga, por ser de una envergadura suficiente para no poder dejarlas perder, debe ser suficiente para generar una conducta de sometimiento al proceso”, señaló.
Así, fue cuestión de minutos para que tanto Solís como Cerdas fueran requeridos para su encarcelamiento. Incluso se dictó una orden de detención.
El hombre fuera detenido en Escazú y la mujer llegara por su cuenta a los Tribunales. De ahí ella viajó el perrera a CAI Vilma Curling, conocida como “El Buen Pastor”. Él deberá esperar por un espacio en algunas de las cárceles.
Abogados hablan de una pena adelantada
Durante la jornada, la defensa de Mélida Solís lamentó lo que a su juicio fueron una condena anticipada.
“Esta resolución no tiene apelación, es decir se resuelve en instancia única, limitando el derecho al recurso.”, dijo su abogado Erick Gatgens.
Gatgens agregó que valorarían una petición para que ajusten la medida a su clienta.
Se buscó la opinión de Erick Ramos, defensor de Cerdas, pero no hubo respuesta al cierre de esta información.
