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Jueza libera a todos los imputados de Caso Cochinilla con medidas cautelares; fija fianza de $3 a $5 millones a dueños de constructoras

A casi dos semanas de los allanamientos del Caso Cochinilla, por fin culminó la etapa inicial con la definición de…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 3 minutos
Jueza libera a todos los imputados de Caso Cochinilla con medidas cautelares; fija fianza de $3 a $5 millones a dueños de constructoras
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A casi dos semanas de los allanamientos del Caso Cochinilla, por fin culminó la etapa inicial con la definición de las medidas cauterales.

Según la resolución dictada por la jueza Carolina Lizano, a ninguno de los imputados se le dictó la medida más drástica de prisión preventiva por un año que solicitó el Ministerio Público.

Algunos de los involucrados sí tendrán medidas alternativas. En la lista figuran:

  • Mélida Solís, dueña de HSolís: $3 millones e impedimento de salida del país
  • Carlos Cerdas, de Meco: $5 millones e impedimento de salida del país
  • Tobías Arce: tobillera electrónica
  • Alejandro Bolaños, Abel Gonzalez William Herrera, Sonia Solis y Carlos Solís: impedimento de salida del país.
  • Alister Cervantes, empresa DICCOC: impedimento de salida del país
  • Manuel Quesada, del Tribunal Administrativo de Transporte: libre sin medidas cautelares.

A los funcionarios involucrados en el caso se les dictó impedimento de salida del país y firmar cada 15 días. 

Para las personas investigadas que laboran en sector público: suspensión del cargo, no acercarse a Conavi en un radio de 1 km. y no acercarse a testigos informó el Poder Judicial.

Edgardo García, defensor abogado del funcionario Quesada, dijo que su cliente fue el único imputado al que no se le dictó medidas de ningún tipo y que se ordenó su liberación inmediata.

Otros dos imputados, de apellidos Abarca y Ureña, ya habían quedado libres el fin de semana anterior, pues ellos tuvieron una audiencia separada por motivos de agenda de sus abogados.

La audiencia continúa en los Tribunales de Goicoechea. Trascendió que ninguna de los abogados defensores de los implicados en el caso va a apelar las medidas, no obstante sí lo hará el Ministerio Público.

Al filo de las 7 p.m. el Juzgado Penal de Hacienda Segundo Circuito Judicial confirmó la fianza de $3 y $5 millones de dólares para Solis Cerdas. “Hasta que se haga efectiva el pago de ese monto se mantienen privados de libertad”, informaron a través de la oficina de prensa.

El abogado Erick Gadgens, confirmó que no apelarán la medida impuesta a su clienta, Mélida Solís.

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La maratón del Caso Cochinilla

El proceso judicial por el Caso Cochinilla inició la misma noche de los allanamientos, cuando 30 sospechosos fueron indagados por la Fiscalía para presentarles los supuestos delitos que se les achacan.

Para el 15 de junio por la tarde arrancó la audiencia ante el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública de II Circuito Judicial, en Goicoechea.

La Fiscalía Anticorrupción tomó 3 sesiones para presentar los cargos y los abogados defensores, por su parte, requirieron de 5 días.

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El proceso se extendió en jornadas de hasta 13 horas, incluyendo sábado y domingo.

Al terminar todas las intervenciones, el miércoles pasado, la Fiscalía presentó su última réplica y la jueza arrancó el proceso de deliberación, convocando para este sábado a la 1:30 de la tarde.

Su exposición fue oral y se prolongó por varias horas pues la decisión sobre cada imputado debía fundamentarse a profundidad. Además, los defensores que estuvieran en desacuerdo debían anunciar su apelación inmediatamente y esbozar los motivos de su rechazo.

A lo largo de todo el proceso, los detenidos del Caso Cochinilla han estado retenidos en celdas del OIJ. Aunque se pusieron recursos y apelaciones, no hubo cambios ni para aquellos contra quienes no se pedía prisión preventiva (Tomás Gómez/El Observador)

El Caso Cochinilla

El lunes 14 de junio, los costarricenses despertaron con una noticia con repercusión a nivel internacional que las autoridades denominaron el Caso Cochinilla.

Ese día, se realizaron 57 allanamientos en casas de habitación e instituciones públicas como el MOPT, Conavi y la Casa de Gobierno.

Así, se destapó la supuesta red de corrupción, mediante la cual, funcionarios públicos pedían dádivas para favorecer a empresas privadas.

El caso que se tramita bajo el número de expediente 21-000250-1220-PE.