Hermes Solano
En el juicio para determinar si el Partido Acción Ciudadana (PAC) estafó al Estado en 82 de los contratos por servicios especiales presentados al Tribunal Supremo de Elecciones en 2010, la agrupación tuvo su espacio de conclusiones a cargo del abogado Erick Gatgens.
El partido rechazó la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la petición de condena por ¢160 millones, más el monto de costas personales e intereses.
Según la argumentación de la defensa, el procurador basó sus conclusiones en los 179 contratos sentenciados y juzgados y no en los que se están juzgando.
Además, consideró que no hay prueba que determine que esos 82 contratos sean falsos o simulados, pues ya en el primer juicio se determinó que no fueron parte de la estafa del partido al Estado.
Gatgens también rechazó el pedido de pago de intereses hecho por la Procuraduría, que pretende que se paguen desde la comisión del delito, es decir, en diciembre de 2010.
Ahora será el Tribunal, presidido por la jueza Nancy Marín, junto a Paul Fuentes y Pedro Ramírez, los que dictarán sentencia al caso.
La resolución del caso se dará el jueves 15 de julio a las 3 p.m.
OBSERVE MÁS: Juicio por estafa del PAC: Procuraduría pide ¢284 millones por contratos especiales
Falacia de la Procuraduría
Durante su intervención ante el Tribunal, el defensor de la agrupación política enfatizó sobre las conclusiones dadas el miércoles por el procurador penal Rándall Aguirre. Tal y como lo dijo a El Observador, consideró que no aterrizó en la acusación.
Según la tesis de la Procuraduría, los 82 contratos que están en discusión son iguales a los 179 que recibieron sentencia en el año 2016.
Para el abogado Gatgens, decir eso es una falacia, máxime que en esa primera instancia se dieron por absueltos.
“No podemos decir la falacia que si tenemos 179 contratos condenados, todos los demás también son falsos y simulados”, señaló el defensor en sus conclusiones.
“Había que entrar a analizar los contratos; no es cierto que todos responden a una misma fecha o día o que responden a un mismo monto”, añadió.
Esto lo dijo en referencia a que el procurador indicó que la mayoría de contratos tenían montos de ¢1.800.000 o ¢2.400.000.
Otro de los argumentos de la defensa fue que la Procuraduría nunca apeló el fallo en lo penal, el cual condenó al extesorero Maynor Sterling y al asesor del partido Manuel Bolaños.
Gatgens indicó que tanto lo penal como lo civil es una sola por la relación de hechos que se presentaron.
“Nunca impugnó (la Procuraduría) la parte penal y eso era necesario para reclamar el tema civil de los 82 contratos”, mencionó Gatgens.
“Si no se determinó en relación con estos 82 contratos que cometieron un hecho punible, cómo le van a atribuir al PAC un delito si no se determinó una acción delictiva de estos señores en relación con estos contratos”, añadió.
“Juicio mudo”
En el arranque del juicio el pasado 1 de julio, la posición del defensor del PAC fue la de poner en el estrado a las personas que firmaron los 82 contratos que se juzgan con la intención de tomarlo como prueba nueva.
Sin embargo, el Tribunal decidió resolver con la prueba ya aportada en primera instancia y pasó a la etapa de conclusiones de las partes antes de llegar a una resolución.
Esa fue la petición de la Procuraduría.
Para Gatgens el juicio es mudo, porque no hubo voces de los testigos, que para él eran fundamentales.
“Los testigos son la prueba reina. Ustedes como jueces conocen este adjetivo cuando no hay testigos, que es un juicio mudo. Este es un juicio mudo”, indicó. Aseguró que en la prueba aportada inicialmente solo habla de los 179 contratos sentenciados y no los otros 82.
“¿Esa prueba permitirá razonar que esos otros contratos eran falsos y simulados? Por supuesto que no” dijo.
“La PGR al verse confrontada con esta obligación no le quedó más que echar mano a la prueba documental que existe en el expediente. Si nos vamos a ver estos informes, en su mayoría se refieren a los 179 contratos”, siguió en sus conclusiones.
Petición de la Procuraduría
La Procuraduría General de la República pidió ¢181 millones como condena al PAC por 82 contratos especiales cobrados por la agrupación al Tribunal Supremo de Elecciones tras la campaña del 2010.
Eso representa el monto principal, que son ¢159,7 millones más las costas personales por ¢21,2 millones.
A esto se le deben sumar los intereses, que según la PGR al día de hoy son de ¢103 millones, generados desde diciembre del 2010. Este monto irá creciendo hasta el día que se haga efectivo el pago.
En caso de que el Tribunal le dé la razón, el PAC deberá cancelar la suma de ¢283 millones por estafar al Estado.
Este monto se sumaría a los más de ¢353 millones de la condena inicial en 2016, junto al pago de intereses y las costas procesales.
