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Justicia envió más de 50 reclamos por contrato de tobilleras que ahora intenta renovar y que la Fiscalía investiga

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El Ministerio de Justicia buscar ampliar el contrato de tobilleras electrónicas con el Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), pese a que entre el 2018 y el 2020 remitió cerca de 60 oficios por fallas en este servicio.

Además, el Ministerio Público tiene abierta una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con la contratación entre Justicia y la ESPH.

Según explicó la exministra de Justicia, Marcia González, el contrato de las tobilleras electrónicas tenía unas condiciones “tan generales” que era casi imposible exigir calidad.

“Tenía atada de manos a la administración para poder exigir la calidad que tenía que exigirse en el servicio por el monto que se estaba pagando”, aseguró la exjerarca.

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Las diferencias entre Justicia y la ESPH, con quien se hizo la contratación directa, crecieron al punto de requerirse la intervención del Gobierno. Además, el caso está ahora judicializado por los cuestionamientos al negocio.

Todo ello no es impedimento para que ahora el Ministerio intente extender los vínculos con la ESPH mediante la renovación del contrato que está a punto de expirar.

Casi 60 oficios de reclamo

La exministra González aseguró que durante su gestión (mayo 2018-febrero 2020) se enviaron casi 60 oficios por las falencias del servicio de la ESPH.

“En la base de esas quejas lo que estaba era que el contrato era muy escueto por no utilizar un calificativo más severo”, dijo la González.

Entre otras falencias con las tobilleras, se mencionó la gestión, cantidad, problemas de datos y plataforma tecnológica, así como de cobros.

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El pasado lunes 11 de enero El Observador solicitó copia de los oficios citados por la exministra al Ministerio de Justicia. Se indicó que están compilándolos.

También se consultó a la ESPH por las quejas recibidas y su gestión pero no hubo respuesta al cierre de esta información.

Las dudas por los términos en que se negoció el contrato de las tobilleras generaron una investigación interna en el Ministerio de Justicia (El Observador)

Licitación internacional frente a satisfacción de Justicia

La vigencia del contrato de tobilleras acaba el 28 de febrero y Justicia corre para extenderlo por 2 años más.

Aunque desde el 2019 se movió una licitación internacional para evaluar un posible cambio de proveedor, ahora las autoridades intentan prorrogar el sistema actual.

Así consta en el oficio MJP-DM-723-2020 enviado por la Ministra Fiorella Salazar, a la Contraloría General de la República (CGR).

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Según el documento, la ESPH hizo mejoras importantes y aún se evalúan las lecciones aprendidas, por lo que se justifica mantenerle la millonaria contratación.

“Resultaría irresponsable el lanzar un proceso licitatorio para la contratación de un servicio en plena modificación del mismo, sin contemplar los resultados inmediatos y de corto plazo que salieran de él”, menciona Salazar.

El Observador consultó a la Contraloría por el caso pero se indicó que no se pueden hacer referencias al caso.

“Estamos en medio análisis de modo que no hemos resuelto aún por lo que no podemos referirnos todavía al caso”, señaló la Oficina de Prensa de la institución.

El Ministerio de Justicia envió en diciembre anterior la solicitud de prórroga a la Contraloría General de la República, que ya había señalado algunos cuestionamientos al negocio de las tobilleras (MJP)

Tobilleras de la polémica

El uso del monitoreo electrónico se comenzó a gestar durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís.

En el 2015, bajo la tutela de Cristina Ramírez como Ministra de Justicia, se lanzó un primer concurso en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El plan no prosperó y en 2016, ya con Cecilia Sánchez como jerarca, se optó por una contratación con cargo al prespuesto nacional.

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Se optó entonces por una contratación directa entre entes públicos, lo que simplificó el trámite y los controles. Racsa y la ESPH compitieron por el negocio, ganando los segundos, pese a tener que subcontratar buena parte del servicio por su inexperiencia.

Desde ese momento comenzaron los cuestionamientos políticos al plan y el entonces diputado Mario Redondo pidió una investigación de la Contraloría. Entre otras, señaló el procedimiento y los elementos ofrecidos por el proveedor subcontratado.

Contrato está en vía judicial

A mediados del 2018, dos denuncias relacionadas a las tobilleras llegaron a la Fiscalía.

La primera pedía investigar contrataciones públicas y señalaba varios negocios de la ESPH en temas como monitoreo y parquímetros. La segunda se enfocaba en supuestas influencias para que Justicia se decantara por contratar con la ESPH.

Fiscalía abrió la investigación contra “ignorado” bajo el expediente 18-000094-1218-PE pero ya convocó como imputados a:

  • Celso Gamboa: exministro de Seguridad y exmagistrado
  • Victor Hugo Víquez: exdiputado por Heredia (2010-2014)
  • Allan Benavides: gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
  • Juan David Rothe: empresario
  • Gerard Schalk van Andel: empresario

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El caso está asignado a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se ha engrosado con investigaciones del OIJ donde se profundizó la gestión de representantes de la ESPH en diferentes procesos para eventuales contrataciones públicas.

En concreto, se analizaron mensajes de WhatsApp donde varios de los involucrados gestaban espacios para impulsar el proyecto de tobilleras con la exministra Cecilia Sánchez, quien es la madre del exmagistrado Celso Gamboa.

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Se investiga el supuesto delito de tráfico de influencias, que se configura cuando se actúa sobre un funcionario público para que haga, retarde u omita nombramientos, adjudicaciones o contratos propios de su cargo, generando así beneficios a terceros.

Según la Ley Contra la Corrupción, el delito tiene una pena de 2 a 5 años de prisión.

La implementación de las tobilleras arrancó en el 2017 y según el Ministerio de Justicia, hasta setiembre anterior, el plan sumaba un costo de $24,1 millones (MJP)


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Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho.
Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

Tomás Gómez
Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho. Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

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