Justicia incumplirá plazo ordenado por Sala Constitucional sobre deficiente videovigilancia en La Reforma

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El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) incumplirá el plazo que le dio la Sala Constitucional, para garantizar el almacenamiento de los videos grabados en cinco puntos del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma.

La ausencia de las imágenes captadas por las cámaras – situadas en el patio, los techos del módulo A1 y un pasadizo – llevaron al tribunal declarar parcialmente con lugar un recurso de hábeas corpus de 15 reclusos afectados. Alegaron un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Penitenciaria en la intervención de un motín el 19 de octubre de 2019.

Durante la manifestación, los privados de libertad protestaron de manera violenta contra una prohibición para recibir visitas emitida ante un brote de paperas.

“Es casi imposible tener la solución en un mes (plazo dado por los magistrados), pero sí tenemos toda la disposición de cumplir con lo que la Sala ha ordenado”, manifestó a El Observador el director interino del cuerpo policial, Nils Ching.

La oficina de prensa de la Sala Constitucional detalló que una vez excedido el plazo, la parte recurrente puede alegar un incumplimiento de la orden. Si el reclamo se diera, el alto juez instructor del expediente – Paul Rueda – conferirá audiencia a la autoridad condenada – Justicia -, para que rinda un informe.

Si se constata el incumplimiento, la Sala procederá a reiterar la orden. De mantenerse la desobediencia, procederá a testimoniar piezas al Ministerio Público para que valore si constituye delito.

Ching enfatizó que la institución ya inició los estudios para determinar qué sistema de videovigilancia es el más oportuno y cuál puede ser su costo. Una vez compilada esa información, se le suministrará al órgano jurisdiccional.

“Nosotros lo recibimos con mucho respeto y beneplácito porque esto va a significar una oportunidad para la institución para fortalecer todas las actuaciones que la Policía hace en relación a la atención de los privados de libertad”, indicó el funcionario.

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Falta de recursos

Reclusos capturados tras incidente violento en La Reforma, el 19 de octubre de 2019. (Cortesía | Ministerio de Justicia y Paz)

Ching explicó que las cinco cámaras que debieron registrar la actuación de los oficiales en el incidente forman parte de un grupo de dispositivos que carecen de un centro de almacenamiento.

¿La razón de que algo tan básico como guardar las imágenes no funcione? Según Justicia no están dentro de otro grupo, que sí fue contratado a una empresa privada, cuyo nombre no fue especificado.

De acuerdo con Ching, la intención al instalar las cámaras fue más por monitoreo que por respaldo, pues estaban en desuso.

“Eran dispositivos que habían quedado en desuso porque no tienen la misma tecnología de las otras, esos otros que están bajo contratación. Y dijimos: ‘¿dónde necesitamos cámaras?’ Y di, ocupamos cámaras ahí y por eso fue que las pusimos ahí”, señaló.

La institución ve la resolución con buenos ojos, para enlazar el resto de dispositivos a un sistema de videovigilancia contratado. Pero la cartera no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.

“Quisiéramos tener sistemas de vigilancia en todos los centros penitenciarios. La limitación que hemos tenido es en relación al recurso económico. Esto es ostentoso, es muy caro. La institución tiene lo que ha tenido posibilidad. Con esta resolución, tenemos la posibilidad de ampliarlo y no la vamos a desaprovechar”, aseveró el jerarca policial.

Solo cuatro de 14 cárceles cuentan con un sistema que incluye grabación y almacenamiento de videos.

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Pesquisa interna

El uso desproporcionado de la fuerza con el que se atendió la violenta protesta en el centro penal San Rafael de Alajuela está bajo investigación. La Dirección Jurídica de Justicia inició el 9 de enero de 2020 una pesquisa preliminar, ordenada por la ministra Marcia González en el oficio MJP-013-01-2020.

El acto inicial del procedimiento también responde a la resolución constitucional.

La investigación se dirige contra seis funcionarios administrativos y de seguridad, indicó Justicia a El Observador.

González también ordenó una revisión de las actuaciones de los agentes de la escuadra B de la Policía Penitenciaria, así como cualquier otro funcionario que ingresara a la celda 8 del módulo A1 en el mes del incidente.

Este medio pidió los apellidos y puestos de los empleados bajo sospecha, pero el Ministerio argumentó que no pueden detallarse hasta que culmine la etapa preliminar. “Se trata de una investigación que está en proceso, por lo que no se pueden adelantar resultados ni acciones al respecto”, concluyeron.


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