Paulo Villalobos
El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) negó que existan problemas en la vigilancia de las personas condenadas, pero que se mantienen en un régimen distinto usando tobillera electrónica. Este lunes la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), proveedora de los aparatos, le reprochó que falta monitoreo y hay descontrol.
El director General de Adaptación Social, José Luis Bermúdez, calificó de una “cortina de humo” el anuncio de la ESPH. La Empresa señaló que Justicia no puede dar seguimiento a 596 personas que portan el dispositivo (un 40% de los 1.515 que habían a agosto pasado).
Según el jerarca el objetivo es distraer la atención sobre el reciente faltante de dispositivos que reportó Justicia semanas atrás. La entidad proveedora informó que este mismo lunes llegó al país un cargamento con 40 kits de tobilleras y 20 cargados para reforzar el stock disponible.
“Queremos decir que es totalmente incorrecto, totalmente falaz que se diga que existen 500 y pico de personas que se encuentran desaparecidas a nivel de monitoreo. Eso es absolutamente falso”, declaró el vocero.
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El Director explicó que los reportes a los que tuvo acceso la ESPH son solo interrupciones de la conexión de la tobillera.
Bermúdez enfatizó en que el Ministerio mantiene la vigilancia de las personas con brazalete. Esto a partir de llamadas telefónicas y visitas presenciales.
La jefa policial de la Unidad de Monitoreo Electrónico de Justicia, Karla Abarca, explicó que semanalmente se realizan al menos tres operativos en las residencias de los beneficiarios. Para esas labores, la cartera cuenta con unos 45 trabajadores.
A todas esas diligencias, la proveedora no tiene acceso, por lo que en Bermúdez consideró “temerarias” las afirmaciones de su contraparte.
Oficio revelador
La acusación contra el Ministerio de Justicia y Paz tuvo como punto de origen la revelación de una misiva que el gerente general de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Édgar Allan Benavides, remitió el 10 de setiembre a la titular de Justicia, Marcia González.
Allí, el representante proveedor expuso su “gravísima preocupación” por las fallas de monitoreo de los dispositivos electrónicos.
Benavides detalla en el documento que 430 aparatos permanecían descargados y que otros 166 tenían problemas con la cobertura de las redes móviles.
El sistema de vigilancia le cuesta mensualmente al Estado $800.000 (unos ¢ 461.424.000).
Van y vienen
Temprano este lunes, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia reveló que remitió ocho oficios con alertas por episodios similares entre junio de 2018 y setiembre de 2019.
Vale aclarar que las comunicaciones de la proveedora se dieron en carácter privado, en apego a lo dispuesto en el contrato suscrito entre las partes.
Sin embargo, la ministra Marcia González no respondió a las comunicaciones ni aceptó recibir en reunión a la representación proveedora. Ello porque se inhibió de conocer procesos relacionados.
El director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez, indicó que han enviado “más de 60 notas” a la Empresa. En ella se reportan quejas sobre el sistema , el faltante de dispostivos, así como explicaciones de los controles realizados por Justicia.
Paulo Villalobos
